Después de la presentación del Jury de Enjuiciamiento contra el titular del Departamento General de Irrigación, empezaron a aparecer otras voces críticas de la gestión de José Eduardo Frigerio al frente del organismo.

Ayer, el reclamo llegó a su punto máximo cuando productores del Valle de Uco y del Sur provincial se hicieron sentir en las rutas y uno de los cabecillas de la medida, Mario Leiva, vino hasta la misma Legislatura y acusó al funcionario cuestionado de "robo", "improvisación" y de favorecer a "amigos y entenados" en la distribución del agua de riego en Mendoza.

Pero, además, el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco fustigó al asesor de la Presidencia de la Nación Juan Carlos Mazzón: "Después del 23 de octubre vamos a volver a la calle a exigir que tanto el señor Frigerio como el señor (Jorge) Villalón se vayan de Irrigación. Detrás de ellos está la fuerza de un operador político que vive en Buenos Aires, Mazzón. Parece que los mendocinos hemos perdido el orgullo. Un tipo desde Buenos Aires maneja a la más prestigiosa institución que tienen los productores que es Irrigación y nosotros tenemos que estar esperando que un operador resuelva o no las cosas".

Esta movilización de productores vuelve a poner en evidencia las críticas que genera la actual gestión del Departamento General de Irrigación y acosan el destino de José Frigerio, quien soporta una voluminosa acusación en su contra.

"Sigue la improvisación en Irrigación. Prueba de esto es la rotura del canal matriz del Atuel por lo que hoy Real del Padre tiene otra vez el agua cortada, después de 120 días sin agua. Sigue el descontrol en los permisos precarios, no están clarificadas las perforaciones que no tendrían que estar autorizadas".

El dirigente rural Leiva es conocedor de los problemas de su zona, el Valle de Uco, donde los ánimos están caldeados contra Frigerio y su asesor principal, Jorge Villalón. Es que el hijo del asesor, Jorge Andrés, tiene una propiedad en la zona, La Errachida SA. En dicha propiedad se produjo un curioso episodio que está incluido en la denuncia que presentara el diputado del peronismo federal, Roberto Blanco, contra el titular de Irrigación.

En la denuncia se acusa a Villalón de tomar agua directamente del cauce del río Tunuyán, de regar en período de corta (cuando sus vecinos de hijuela no pueden regar), de obtener permisos para nuevos pozos (lo que requiere de un largo trámite y cuya aprobación depende del nivel del acuífero y de la situación de crisis hídrica) y falta de rehabilitación de pozos existentes.

Cuando los regantes fueron a constatar los hechos con una escribana, el propio Jorge Andrés Villalón fue a recibirlos. Un empleado cruzó una excavadora de Irrigación en el puente de acceso, para evitar la salida de los visitantes, y hubo un fuerte cruce verbal.

Después de varias horas de lo que los productores consideraron "privación de la libertad", llegó el director de Policía del Agua, Daniel Corral. Allí se notificó a Villalón que no podía regar cuando no le correspondía. La actuación notarial fue realizada el 1 de junio pasado.

El período de corta estaba previsto por resolución 67 de Irrigación desde el 7 de mayo al 6 de junio. Es decir, el hijo del asesor no estaba al tanto de la resolución, estaba regando y contaba con 40 cm de caudal en el Costa Canal Anzorena, del que toma el agua para regar. Además, Errachida SA cuenta con la autorización para hacer un nuevo pozo otorgada por el edicto publicado en el Boletín Oficial del 21 de junio de 2011.

Esta situación, que consta en la presentación del Jury, se suma a la intervención de la Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato (ICAT), también denunciada ante el tribunal que enjuicia a Frigerio. El 23 de noviembre del año pasado, un grupo de regantes decidió intervenir las oficinas de las Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato (ICAT), ante la falta de respuestas por la rotura del canal del Río Las Tunas. El ICAT es un ente autárquico compuesto por inspectores de cauce, que maneja la operación de riego de la zona.

La obra fue licitada por Irrigación con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus beneficiarios entienden que está mal construida. Según el diputado denunciante, se rompió antes de ser inaugurada, pero Irrigación pretende cobrar a los regantes un millón de pesos para repararla.

Estos dos hechos han despertado las iras de Leiva y sus adláteres, por lo que prometen continuar con las manifestaciones en contra de la actual conducción de Irrigación. "La protesta es porque no se maneja bien la crisis hídrica y están favoreciendo a los amigos y entenados. Hay ocho mil hectáreas arriba en La Consulta que están regando a un tercio de su capacidad. Más abajo hay dos fincas que tienen más agua que las otras ocho mil hectáreas. Esto, si no es robo, no sé cómo se llama".