GUALEGUAYCHU.- A dos metros de la barrera que corta el paso hacia Fray Bentos, un perro y una pata se disputan la comida que un jubilado les acaba de arrojar. Gana el perro, y eso parece ser lo único que distrae a los otros dos asambleístas, también jubilados, que contemplan la escena. Salvo por otro hombre mayor que mira televisión a pocos metros de allí, nadie más vigila el corte en Arroyo Verde.

La Presidenta acaba de firmar el decreto que faculta al procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, a presentarse como querellante en la causa del corte de ruta.

La Gendarmería podría notificar en cualquier momento la orden previa del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de liberar el bloqueo e identificar a sus responsables. Aparentemente, nada de eso importa en Gualeguaychú. Pero sólo aparentemente.

"Estamos cumpliendo nuestro turno de siempre y mañana (por hoy) vienen los del sábado, como siempre", explica con naturalidad la jubilada encargada de levantar la barrera para los camiones y vehículos de los productores que quedaron encerrados entre el puente General San Martín y el corte de la ruta internacional 136. Que la Gendarmería, que el decreto presidencial, nada la preocupa, sostiene.

A contramano de la calma de los militantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde 2003 lucha contra la instalacición y el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), sus dirigentes miran con atención lo que sucede en el juzgado de Pimentel. "Hay una tensión que por el momento está larvada, aunque un sector de los vecinos, que son los más mediáticos, no dimensione el proceso", explica uno de los referentes.

De hecho, el grupo ya intentó interiorizarse en la causa que se maneja en los tribunales de Concepción del Uruguay, para conocer quiénes son los acusados de 18 delitos penales por parte del Gobierno.

"Fuimos, pero es como disparar en la oscuridad. Hasta que no haya imputados, no vamos a poder hacer una presentación espontánea", completa el dirigente, que no oculta su ansiedad por conocer los "nombres y apellidos" a los que se refirió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando el miércoles anunció la querella.

Mientras eso no suceda, tampoco podrán elaborar una defensa caso por caso, aunque sí el planteo colectivo que anticipó LA NACION: acusar de "partícipes necesarios" de los 18 delitos penales a los funcionarios kirchneristas que, en su momento, apoyaron la permanencia de la barrera de Arroyo Verde.

El actual jefe de Gabinete es uno de los funcionarios más mencionados entre los asambleístas, en razón de su paso por los ministerios de Justicia y del Interior.

El propio juez Pimentel recordó que otros fallos anteriores destinados a liberar el cruce no fueron ejecutados por el Gobierno. Para los asambleístas, tanto la Gendarmería como el Ministerio Público Fiscal, que estuvieron bajo órbita de Fernández, fueron quienes no aplicaron esos fallos.

"Paladines de la ecología"

"Fuimos paladines de la ecología para este gobierno, que ahora nos tira por la cabeza el Código Penal", resume un asambleísta. Y recuerda que el ex presidente Néstor Kirchner llevó a sus ministros y convocó a 17 gobernadores al corsódromo de Gualeguaychú, en mayo de 2006, para apoyar la "causa nacional" contra las pasteras.

"Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la República Argentina asume como un problema propio", subrayó Kirchner en aquella oportunidad. "Tenemos razón. El derecho está de nuestro lado", concluyó.

No es la única preocupación latente en Gualeguaychú. En los últimos días se multiplicaron las voces que proponen organizar "escraches" a los vecinos y comerciantes que exigieron ante Pimentel que se levante el bloqueo. "Cuesta hacer un llamado a la prudencia, porque algunos no tienen esa templanza", analizó uno de los abogados de la asamblea.

"Traidor" es una palabra que hoy se repite en esta ciudad, tanto para referirse al kirchnerismo como a los vecinos contra el corte. Entre estos últimos también se han extremado las posiciones, al punto que algunos ahora niegan la contaminación de UPM (como sostenían antes) o consideran "maravillosa" la denuncia penal del Gobierno.

Sólo los dirigentes de este grupo vuelven a pedir cordura e insisten en que el problema sigue siendo Botnia, aunque no compartan la decisión de mantener el corte. "Si la protesta hubiera significado el desmantelamiento de Botnia, habría valido la pena la pérdida de ingresos y de trabajo para 200 familias. Pero hoy Botnia sigue a pesar del corte y sin el apoyo de los fraybentinos nada vamos a conseguir", dijo un empresario.

En algo coinciden los referentes de los dos grupos: no quieren que se registren sus identidades, para no engrosar las listas con "nombre y apellido" del Gobierno, como tampoco la temida nómina de "traidores".

DENUNCIA JUDICIAL CONTRA LOS KIRCHNER

* Mientras la Casa Rosada despliega su nueva estrategia para lograr el levantamiento del corte del puente internacional General San Martín, una denuncia radicada ayer en los tribunales acusa a Cristina y Néstor Kirchner de no haber actuado a tiempo contra el piquete. El delito que se les imputa es el de violación de los deberes de funcionario público, por haber tolerado el corte de ruta desde que éste comenzó. La denuncia -presentada por el abogado Enrique Piragini- recayó, por sorteo, en el juzgado de Norberto Oyarbide, el juez que sobreseyó al matrimonio presidencial en la causa que los investigó por enriquecimiento ilícito.