El Parlamento griego empezó el debate sobre las nuevas medidas de austeridad y privatizaciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) como condición para que le liberen parte de un préstamo y evitar así la cesación de pagos.

El gobierno socialista de Georgios Papandreu se ha mostrado muy confiado en lograr la aprobación del plan que incluye drásticos recortes salariales, eliminación de beneficios sociales y laborales, y la venta de casi todas las empresas estatales. Sin embargo, la incertidumbre era total al inicio de las sesiones. La bancada oficialista sufrió varias deserciones, y nadie se anima a predecir si contará con la mayoría absoluta que tenía antes de que se propusiera el plan fondomonetarista. Sumado a ello, la presión social de rechazo es constante, y hoy se agravó al iniciarse un paro general de 48 horas convocado por las principales centrales sindicales del país.

El primer ministro socialista griego, Georgios Papandreu, y su ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, están inmersos en continuas consultas para convencer a los disidentes de su grupo parlamentario de la necesidad de aprobar las nuevas medidas, por duras que sean. “Los llamo a escuchar lo que les dice el alma y la conciencia patriótica”, dijo Papandreu ante los legisladores. “Su voto pasado mañana (miércoles) es la única oportunidad que tiene nuestro país de volver a ponerse de pie.”

De la aprobación depende la entrega de un quinto tramo de ayuda externa de 12 mil millones de euros para pagar sueldos y pensiones en julio sin incumplir con las obligaciones de la deuda. Concretamente, sin ese dinero, Grecia no podrá afrontar sus pagos y se convertiría en el primer país de la Eurozona que entra en default, lo que puede generar un efecto dominó que arrastre a la banca europea y acabe golpeando a otros países financieramente débiles, como Portugal, Irlanda y España.

El plan se votará en dos sesiones diferentes. La primera, el miércoles, será para dar el visto bueno a las medidas, mientras que el jueves se ratificará una ley adicional para su aplicación.

Dos diputados socialistas han expresado su intención de votar en contra por discrepar con la privatización del 17% de la empresa nacional de electricidad, lo que debilitó la magra mayoría parlamentaria de cinco escaños que tiene el partido del gobierno. En total el Movimiento Socialista Panhelénico cuenta con 153 diputados que están aparentemente dispuestos a apoyar las medidas. El mínimo para lograr la aprobación sin el respaldo de la oposición son 151 sufragios.

Venizelos volvió a tender la mano a la oposición derechista en busca de apoyo. “Voten con nosotros con la mayor unidad posible”, pidió en la Cámara sin mayor éxito. Para los legisladores del partido Nueva Democracia, el remedio de los socialistas es peor que la enfermedad.

El portavoz del gobierno, Ilias Mósialos, anunció que el calendario de privatizaciones estará listo “en los próximos meses” y que los 50 mil millones de euros que espera ingresar el país por ese concepto servirá para reducir la deuda pública de más de 350 mil millones de euros, que supone el 153% del Producto Bruto Interno.

El analista político Stavros Lygeros vaticinó que dada la convulsión social que se está generando, “este gobierno no durará hasta 2013”, el año en el que se celebrarían elecciones en caso de agotarse la legislatura. “Las medidas traerán más recesión y se le está pidiendo que paguen 6500 millones adicionales en impuestos hasta 2015 a gente que no puede más”, dijo Lygeros.

Durante los días de debate en el Parlamento, los descontentos, nucleados muchos de ellos en torno al movimiento de “indignados”, anunciaron que harán una cadena humana para rodear la cámara legislativa y protestar contra los políticos.