El rechazo unánime de los gremios estatales al ofrecimiento realizado por el Gobierno, por la ayuda extraordinaria de fin de año, terminó ratificando una medida de fuerza que venía pendiendo de un hilo y que era sostenida sólo por el diálogo entre la dirigencia con algunos interlocutores del Ejecutivo.
Como sucede cada vez que las medidas de fuerza se tornan extremas, se espera que la actividad en las escuelas, centros de salud y varias oficinas de la administración central, así como también en organismos descentralizados, sea prácticamente nula. Los gremialistas consideran necesario arribar a un acuerdo por un monto superior -de $ 617- antes que finalice la gestión del actual mandatario Walter Barrionuevo, entendiendo que los pedidos y negociaciones se cursaron y se llevaron a cabo con funcionarios que terminarán su mandato el 10 de diciembre.
Lo cierto es que la posición de los gremios se endureció, y, con ella, el establecimiento de esta medida refleja la intransigencia del reclamo. Hasta la última conversación, las partes habían demostrado cierta elasticidad en la negociación, pero el techo que pusieron los representantes del Gobierno fue la gota que rebalsó el vaso. Los gremios habían exigido una ayuda extra de $ 1.000, mientras que el Ejecutivo hizo una contraoferta inamovible de $ 500, ajustándose al último auxilio otorgado en diciembre de 2010 de 350.
Los voceros del Gobierno dejaron en claro que la provincia, ajustándose a la previsibilidad financiera, no estaba en condiciones de ampliar ese ofrecimiento, que de hecho significaba un impacto importante en las arcas del Estado. Si bien el diálogo no se cortó, después de la medida convocada por el Frente de Gremios Estatales (FGE) se especula con la posibilidad de que la negociación se vuelva empinada, con extensiones de tiempo que empañarían la buena voluntad de los mediadores y desgastarían aún más la paciencia de los dirigentes estatales.
Hasta ahora, el jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Rubén Armando Rivarola, -con el acompañamiento del secretario de Egresos Públicos Miguel Lasquera, y del ministro interino de Gobierno Hugo Echavarri- hizo ingentes gestiones ante el Ejecutivo provincial para destrabar el conflicto, pero las pretensiones de la dirigencia superaron, al parecer, todas las previsiones y números trazados.
Lo concreto es que mañana, en una semana acotada por el feriado nacional de hoy y del viernes, por el “Día del empleado público”, el FGE volverá a implementar una medida de fuerza extrema, con las consecuencias lógicas que trae para el común de los ciudadanos jujeños, que requieren de servicios esenciales en pleno funcionamiento, como la educación y la salud.
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