Después de denunciar más de 1.500 despidos de empleados públicos, que hizo el Gobierno provincia, los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores del Estado (CTA) tendrán una reunión hoy a las 9 con el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Rubín.

"Vamos a pedirle, explícitamente, que los jueces no se sigan inhibiendo ante los recursos de amparo de los compañeros que fueron echados injustamente, y que se expidan de inmediato sobre los casos que ya están", dijo a "época" el secretario general de ATE, Walter Zamudio.

A través de una resolución el STJ ya les exigió a los jueces civiles que acepten las presentaciones del los trabajadores despedidos, y no deriven todo al Juzgado del Fuero en lo Contencioso Administrativo, recién puesto en funcionamiento.

"En el interior ya tuvimos respuestas positivas en más de 40 casos, de compañeros que ya fueron reincorporados a sus puestos", añadió Zamudio. El gremialista agregó que la preocupación continúa, "porque siguen los despidos en Salud, Educación, Hacienda, y Gobierno. Es un ataque salvaje a todos los derechos de los trabajadores. Nos tomaron como variable de ajuste de los intereses ‘partidocráticos’, entre la administración que se fue y la que está", disparó.

La hipótesis de ATE y CTA es que los despidos masivos "no son otra cosa que hacer lugar para la gente nueva que están metiendo. Estimamos que este Gobierno va a meter tres mil nuevos empleados. Por un lado, dicen que es para achicar gastos; y por el otro están incorporando gente", aseguró Zamudio.

Los dos sindicatos estatales plantearán sus preocupaciones al presidente del STJ, y pretenden que la alta Corte tome una decisión rectora que frene las cesantías que se siguen produciendo. "Queremos que la Justicia le exija al Ejecutivo que pare con los despidos indiscriminados, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", agregó Zamudio.

Sobre la posibilidad del aumento de salarios, que el Gobernador anunciaría antes del 10 de este mes, el secretario general de CTA Feliciano Romero dijo a "época" que "no quieren migajas. Naturalmente que los trabajadores van a aceptar cualquier mejora en el bolsillo, pero eso no significa que dejemos de reclamar", señaló. Agregó que seguirán "peleando para que, como mínimo, el piso salarial de un empleado público llegue a los 1.500 pesos (actualmente está en 1.100)".

"Estamos cansados de los aumentos miserables, como se rumorea que puede ser una mejora de entre 150 y 200 pesos. Estamos hablando de que una canasta básica, para una familia tipo está en los 2400 pesos; significa que nuestros sueldos ya están rozando la línea de indigencia y esto no es tolerable", agregó Romero. Ambos sindicalistas confirmaron además que una delegación correntina viajará mañana, a partir de las 20, para participar de la marcha nacional que se realizará en Capital Federal. "Levamos la denuncia de lo que está pasando en la Provincia, para presentar en Trabajo de la Nación y el Congreso. También vamos a manifestarnos frente a la Casa de Corrientes", comentó Walter Zamudio.