Desde el inicio de gestión ya se registraron más de 17 días de paro por conflictos laborales. Las cesantías y el congelamiento de las recategorizaciones fracturaron la relación con los gremios. La demanda salarial acentúa el mal humor. Poco diálogo, mucha fricción.
El eje del reclamo es una mejor redistribución de los -cada vez más generosos- recursos de los que dispone la Provincia gracias a los desembolsos nacionales. Pero, además, una polémica medida adoptada por Ricardo Colombi que provocó la baja de miles de empleados agotó el crédito político que los propios gremios le habían otorgado al mercedeño cuando trabajaron activamente el año pasado para que llegue por segunda vez a 25 de Mayo y Salta.
La demanda de recomposición salarial se disparó en los primeros meses de la nueva gestión, luego de que se conocieran los decretos de cesantía que, según los gremios, dejaron en la calle a más de 4.500 estatales.
Los dirigentes critican la política de “ajuste” laboral del Gobierno que se patentiza también en la suspensión de las recategorizaciones dispuestas por el anterior Colombi.
Cuestionan las diferentes formas de “precariedad” laboral en la que estarían más del 35% de los empleados públicos, dice ATE y denuncian que de esta manera se encubre el trabajo en negro en la esfera del Estado. Exigen un mayor nivel de inversión en diferentes áreas, principalmente en Salud, Educación, Seguridad y Energía.
Y, en tren de formular reclamos, también piden espacios democráticos de participación en las decisiones sobre la administración y el destino de los dineros públicos, como la elaboración de un Presupuesto General Participativo, o el cese en las intervenciones de los entes descentralizados -principalmente en IPS, IOSCOR, DPEC-.
Sobre estos ejes giró la mayoría de los “conflictos” que enfrentaron a la Administración de Ricardo Colombi, con los sindicatos de empleados públicos y que se tradujo en al menos 17 días de paro en diferentes sectores laborales del Estado. Un escenario traumático que, antes de asumir el Gobierno, no imaginaba y los gremios mucho menos.
Pasada las elecciones del año pasado, el 2010 aparecía en el horizonte como una año de reactivación fiscal, crecimiento económico y fundamentalmente de “paz social” en la Provincia. Sin embargo, los gremios estatales lograron cambiar “esa postal”, por una imagen que hoy muestra un clima de mayor efervescencia e insatisfacción.
Para presentar sus planteos, los sindicatos hicieron “uso -y en algunos casos abuso”- de sus herramientas predilectas: los paros y las manifestaciones. Además de ser un derecho constitucional, las huelgas se presentan hoy para los gremios como la única alternativa para expresar sus exigencias y demostrar su malestar.
El Estado no ofrece ningún espacio institucional, diálogo o negociación, como fue la Mesa de Relaciones Laborales en el primer gobierno de Ricardo Colombi (2001-2005).
Pero más allá de los “justo” de los reclamos; quedan algunas preguntas a responder: ¿Son efectivos los paros? ¿Quiénes se benefician, y en qué medida? ¿A quiénes perjudican, y en quiénes recae esa responsabilidad? ¿Son la única alternativa válida de expresión de los reclamos? ¿Qué otras herramientas de protestas existe?
En lo que va del año
El caso más enigmático de “conflicto” entre los trabajadores y el Estado se da en la Educación. En lo que va del año, en los alumnos correntinos ya se perdieron diez días de clases por los paros de los maestros, y cada vez se aleja más la posibilidad de cumplir con los 180 días efectivos de clases.
A pesar de la reapertura del diálogo que se dio el viernes -con la reunión de ACDP y el Ministro de Educación-, Corrientes sigue siendo “la única provincia del país que tiene el conflicto docente abierto”. Tanto los gremios “duros” como el Gobierno siguen manteniendo cierto grado de intransigencia.
También los usuarios del sistema público de Salud están sufriendo las consecuencias del conflicto abierto que existe entre los hospitalarios y la Administración radical. Los trabajadores de los hospitales Escuela, Vidal, Llano y Pediátrico de Capital, y el Camilo Muniagurria (zonal de Goya), concretarán el próximo miércoles 18 su tercera huelga consecutiva en el segundo semestre. El feriado nacional de mañana, el provincial del martes, y la huelga del miércoles, significarán una paralización en los consultorios externos, cirugías programadas; salvo las de urgencia. Los empleados públicos enrolados en ATE y CTA ya llevan realizadas cuatro jornadas de paros y marchas de repudio. Se le suman protestas y huelgas de los trabajadores del INVICO; Dirección de Personal (SISPER), de la Dirección de Rentas, y los agentes de Vialidad Provincial, entre otros.
Reparto de recursos
El Gobierno otorgó dos recomposiciones salariales en los que va del año: a los docentes les blanqueó $100 en mayo; y otro escalonado de $200 de julio a diciembre. Al resto de los estatales les otorgó $650 “remunerativo y no bonificable”. Sin embargo, el bombardeo de reclamos, huelgas y protestas de los sindicatos no cesa; y todo indica que continuarán en esta segunda mitad del año.
Los empleados públicos representan más del 40% de la fuerza trabajadora activa de Corrientes y, como tales, exigen una mejor participación en la redistribución de los recursos del Estado. Los ingresos de fondos nacionales a la Provincia aumentaron un 88,17% entre el 2007 y el 2010. Sin embargo, el incremento de sus salarios estuvo por debajo de esos índices, o directamente fueron consumidos por la inflación. Saben que en 2010 los recursos que están llegando desde la Nación a la Provincia, están aumentando a un ritmo del 36%: la acumulación de dinero por Coparticipación Federal y leyes especiales (+32,81%), Fondo Sojero (+ 177,10%) y Recaudación propia (+ 31%); hará que la Administración de Ricardo Colombi obtenga $1.155,2 millones más que todo el 2009. Actualmente, el salario mínimo de un empleado público local oscila los $1.500, mientras que el Gobierno nacional pagará en septiembre $1.740 y en enero $1.840. La Provincia paga $45 por hijo en la Asignación familiar, mientras que la Nación lo elevó a $220 por hijo. Los gremios estatales sostienen que una mayor actualización de sus salarios es la mejor manera de redistribuir de una manera más equitativa los mayores recursos del Estado. Que los aumentos se volcarán al consumo, y de esa manera se reactivará la economía interna beneficiando a otros sectores de la economía privada.
Ingresos vs. deuda
El Gobierno sostiene constantemente que las cuentas públicas siguen estando “al límite”, como grafica al Gobernador. El condicionante para toda mejora salarial sigue siendo que Corrientes acceda al Programa Federal de Desendeudamiento.
El Ejecutivo se muestra como una víctima, porque no se concreta la refinanciación de los pasivos. Aunque las retenciones mensuales por las deudas significan apenas el 12,37% de los ingresos de fondos nacionales que, a su vez, se están incrementando al 36% por mes.
El ministro de Hacienda de la provincia, Enrique Vaz Torres, dijo el viernes que las retenciones siguen siendo “importantes” -$35 millones por mes-, lo que retrasa soluciones “de varios temas, como otras mejora salariales”, dijo. Aseguró que los mayores ingresos de dinero federal “se están usando para cancelar la deuda flotante; en licitaciones para reequipar la Policía, hospitales y escuelas”.
La oposición y los sindicatos estatales sostienen que la Administración del gobernador Ricardo Colombi está “haciendo un colchón” para el año (electoral) que viene y que se resiste a redistribuir esos recursos entre los trabajadores. Este es el panorama social que enfrenta la Provincia en este segundo semestre del año; donde las huelgas, los paros y las marchas siguen enrareciendo el clima social con una disputa de fondo entre el Gobierno y los trabajadores: la participación en los recursos públicos
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