Suteco y Acdp coincidieron en que el Gobierno debe tomar mayor intervención. Dicen que el Sepa está desbordado y que se deben brindar herramientas a los docentes para que no acudan únicamente a la judicialización. Solicitaron a Educación trabajar en comisiones.
Ambos gremios duros, al igual que el Gobierno provincial, coinciden en que la violencia trasciende las aulas y sus causas trasuntan el seno familiar y social. Sin embargo, desde el sindicalismo solicitan mayor in-tervención del Estado y entienden que se necesitan nuevas herramientas para atacar la problemática.
Así, tanto Suteco como Acdp pidieron al Gobierno que retornen los gabinetes psicopedagógicos a cada institución. Para reforzar el trabajo del Sepa, de carácter itinerante, los gremialistas solicitan un equipo interdisciplinario fijo en cada escuela. “No estamos en contra del Sepa. Lo que decimos es que la situación lo ha desbordado”, indicó el titular de Acdp, José Gea, en diálogo con El Litoral.
Suteco hizo el planteo formal ante el Mi-nisterio de Educación durante el encuentro que mantuvieron el viernes con sus autoridades. Mientras que Acdp pidió conformar una comisión para dar forma a un paquete de propuestas que el gremio está esbozando. “Esperamos que podamos hacerlo esta semana”, expresó su secretario general.
“Por el momento son casos aislados que si no los trabajamos se irán generalizando. Tenemos que poner la lupa sobre la violencia para evitar que se propague”, manifestó Marturet a este diario.
Para Gea, no obstante, se advierten cada vez más hechos, aún en el Nivel Primario, que requieren una acción.
El ataque con un arma blanca de un alumno contra su compañero en el Colegio Pedro Ferré desencadenó el alerta en la comunidad educativa. Las denuncias por un disparo en el patio de la Escuela Leloir son un antecedente de que las armas también llegan a los establecimientos.
El jueves, un grupo de padres hirió a la directora de la Escuela Sarmiento. Un mes atrás, un profesor de Educación Física de la Hipólito Yrigoyen recibió una paliza por parte de desconocidos y hasta dudó de sus es-tudiantes porque lo habían amenazado. Todos los casos enumerados terminaron en sede policial.
Marturet señaló que se mantiene un viejo protocolo de actuación. “El docente tiene que tener una herramienta para contener esta situación”, dijo, teniendo en cuenta “una po-lítica de inclusión”. Y destacó que aunque el educador debe salvar las responsabilidades civiles, “no es la mejor manera de solucionar acudir a la penalización y judicialización”. Sin embargo subrayó que “lo ideal es trabajar en un esquema de prevención para que estos hechos no ocurran”.
Algunas de las alternativas sobre las cuales se trabaja actualmente son las capacitaciones, así como las charlas abiertas y las marchas alusivas. Marturet, en tanto, aseveró que “no se debe estigmatizar al alumno”, ya que la situación social es un detonante de estos hechos. “Hay que atacar las causas”, aseveró.
Actualmente “el docente se siente recargado. Y el Estado debe dar mayor inversión”, señaló el sindicalista, quien recordó que los gabinetes psicopedagógicos han sufrido “los recortes de las políticas de ajustes de los ‘90”. Así, “se ha generado un vaciamiento de cargos”, que no sólo incluye a los psicopedagogos, sino también a los preceptores y demás auxiliares.
Comentá la nota