Ayer ingresó a la Unicameral el proyecto de ley que establece la conversión en remunerativas de las sumas que los empleados provinciales perciben como no remunerativas, y que desde agosto próximo impactarán en subas para más de 66 mil jubilados.

La propuesta desató una polémica gremial, puesto que incluye elementos que no fueron mencionados en el marco de la presentación conjunta que el lunes realizaron el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, y el gobernador Juan Schiaretti.

Los elementos cuestionados son dos. Por un lado se objeta que las sumas "blanqueadas" no pasen a formar parte del básico de los empleados activos y, por otro, que a la hora de calcular el impacto previsional de la medida, el Ejecutivo provincial haya adoptado el criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia en los casos Bossio y Abacca.

En los fundamentos del proyecto de ley se hace referencia a esos fallos, y se señala que ambas sentencias "definen el núcleo duro del derecho previsional como el equivalente al 82 por ciento del sueldo líquido de los agentes activos". Y en consecuencia el artículo 3° del proyecto indica que "la incorporación a los haberes previsionales de las sumas sujetas a conversión (...) se efectuará al razón del 82 por ciento de las sumas no remunerativas que percibían los trabajadores activos".

Los más duros cuestionamientos provinieron de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Juan Monserrat, titular de la entidad, recalcó que el gremio docente no es parte del acuerdo entre la Provincia y el SEP, y consideró que la formalización en una ley de el fallo del Tribunal Superior representa un peligroso antecedente.

Igualmente desde ATE, Marcos González recalcó que más que un blanqueo salarial, la el proyecto de ley supone una reforma previsional encubierta, y que el criterio que se establece es el mismo que impuso Ramón Mestre a través del decreto 1.777.

El proyecto tomará estado parlamentario hoy. El martes próximo concurrirá a la Comisión de Economía el titular de la Caja, Osvaldo Giordano, y una semana después serán convocados los líderes gremiales. El oficialismo prevé la aprobación para el miércoles 12 de mayo.