Así lo hicieron saber mediante una nota que elevaron al Gobernador de la provincia, donde piden la derogación de los decretos 127 y 386, que crea y modifica respectivamente la caja complementaria del 82%.
El petitorio lleva las firmas de representantes de la Asociación de Profesionales de la Salud, de los Autoconvocados de la Salud, del sindicato de los no docentes, del gremio que nuclea a los trabajadores del IPV y de la Administración de Juegos y Seguros, además de la Asociación de Jubilados Autoconvocados.
Los gremialistas esgrimen entre otros argumentos que con el cuasi sistema previsional "se crea un régimen por decreto, cuando ya está instituido por la ley 4094/84", por lo que, consideran "se trata de legislar sobre lo ya legislado". además de considerar que el régimen es violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que otorga a la seguridad social el carácter de "integral e irrenunciable" por cuanto autoriza "renuncias al sistema".
Además lo consideran ilegal por cuanto "crea un financiamiento extra a los empleados públicos", porque pretende legislar hacia atrás y señalan que además su creación es "una clara demostración de que el convenio de transferencia (de la caja previsional provincial) no funciona ni ha funcionado nunca".
Excluye a docentes y policías
Desde la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), remarcaron que el decreto de creación del régimen previsional complementario excluye expresamente a los docentes y a los policías del sistema, por cuanto se trata de sectores que tienen regímenes jubilatorios especiales. De hecho, los docentes aportan el 13%, no el 11% como el resto de los agentes públicos.
La aclaración de la AGAP surge a raíz de los cuestionamientos al sistema esgrimidos desde el gremio docente ATECA, manifestando su rechazo a la caja complementaria y a un eventual aporte extra de parte de los docentes.
Ampliación de plazo para renunciar
La AGAP extendió por un mes más -hasta septiembre- el plazo para que los agentes puedan renunciar a aportar a esta caja complementaria. En tanto durante este plazo de extensión se dedicarán a acercar información a los gremios y a los organismos públicos para evacuar las dudas que tengan los empleados.
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