RÍO GRANDE.- El anuncio del ministro de Economía, Rubén Bahntje, sobre la imposibilidad de otorgar recomposiciones salariales a los gremios estatales en el segundo semestre del año, generó un marcado malestar en las organizaciones sindicales, que rápidamente advirtieron que la segunda parte del año será más que complicada para el Ejecutivo a partir de la posibilidad cierta de la realización de medidas de fuerza.

En realidad, la presión de los gremios se inició hace dos semanas, cuando referentes de esos sectores comenzaron a manifestar públicamente la necesidad de un aumento a partir del proceso inflacionario que afecta a la canasta familiar.

En ese sentido, recordaron que falta poco para el 1 de julio, plazo dado por el Ejecutivo -según entienden- para comenzar a negociar salarios.

Antes de que Bahntje pronunciara palabra alguna, las ministras Amanda del Corro (Educación) y María Grieco (Salud) recordaron que el compromiso del Ejecutivo con los sindicatos es en realidad analizar en forma conjunta -a partir de esa fecha- el estado de las arcas provinciales, para determinar la existencia o no de ingresos extra que permitieran respaldar presupuestariamente un aumento, sin que ello implique la apertura de negociaciones.

Un par de días después el titular de la cartera de Hacienda anticipó que en la primera parte del año no se registró un ingreso extraordinario de recursos, descartando así cualquier posibilidad de aumento.

Como se esperaba, los sindicatos rechazaron las declaraciones y acusaron al Ejecutivo de ocultar información, a la vez que desde el gremio docente (SUTEF) aseguraron que "de manera mensual entran más fondos de los presupuestados", y que buscarán respaldo parlamentario para determinar el destino de los mismos.

La postura del Gobierno es clara: no hay recursos extra presupuestarios, lo cual será anunciado públicamente con documentación respaldatoria. Pero más allá de eso, en el Ejecutivo están convencidos que para los sindicatos eso no será suficiente, y por eso ya se preparan para afrontar un endurecimiento del reclamo.

En esa línea, más allá del derrotero que puedan tomar las distintas negociaciones sectoriales con el Gobierno en el ámbito de paritarias, fuentes confiables de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon a este medio que no se descarta que los gremios vuelvan a reunirse en el marco de la Intersindical, a fin de delinear una estrategia conjunta para llevar adelante el reclamo de aumento salarial.

Dentro de esa estrategia uno de los objetivos principales será intentar desgastar políticamente al Gobierno hasta hacerlo ceder, mediante la implementación de un plan de lucha que se irá incrementando paulatinamente.

Asimismo, la Intersindical volvería a buscar el respaldo de los gremios privados y de organizaciones sindicales como la GCT, a fin de lograr mayor contundencia.

Sin embargo, deberán definir hasta qué punto están dispuestos a tensar la soga -sobre todo el SUTEF a partir de su última experiencia- ya que como nunca antes en lo que va de la gestión el Gobierno se siente con la suficiente fortaleza como para hacer frente a medidas de fuerza, apelando a todos los instrumentos legales a su alcance para morigerar el reclamo, como lo es el descuento salarial. Esta justamente fue la herramienta que utilizó el Ejecutivo para desgastar la protesta docente en la primera parte del año.

Además, los gremios también deberán decidir hasta qué punto avanzar en función de sus propias diferencias internas (en algunos sindicatos hay graves fisuras) y del malhumor con que toma los reclamos la sociedad fueguina, hastiada de muchos representantes de la clase política y sindical.

Especulaciones al margen, los contactos ya se habrían iniciado y no se descarta que una vez que el Gobierno difunda los números se oficialice la convocatoria sectorial.