El Jefe del Distrito Paraná Superior de Vías Navegables, Fernando Jorge Fernández, manifestó que "tras advertir el uso político del espacio, se decidió no renovar el convenio con vencimiento en 2009" y adelantó que "el lugar será ocupado para la realización de una obra de conexión con el parque Mitre surgida de un acuerdo con la comuna de la Capital".

“Estamos hablando de un lugar prestado y a pesar de que seguimos trabajando, se derivaron a otras cuestiones: reuniones políticas, la instalación de esta radio que no contaba con permisos y que fue motivo de denuncias por parte de una emisora por la interferencia clandestina de la señal”, precisó Fernández.

El predio que fue ocupado con la idea de otorgar un espacio social y cultural abierto, rápidamente cambió su rol con fines netamente políticos partidarios en favor solamente de los que defendían "el modelo nacional y popular" cuyos representantes eran adorados incluido el intendente de la Capital Carlos Mauricio Espínola, alias Camau.

Lejos de aceptar que fueron desalojados por quienes ellos mismos defienden o dejaron de defender, Chano Romero y Walter Zamudio, actuaron desconcertados ante la medida coordinada entre el municipio, el organismo nacional y la JUSTICIA Federal de Corrientes.

Finalmente mediante una orden a cargo del Juzgado Federal, se concretó el desalojo del espacio ubicado en zona portuaria, donde funcionaba “Oguerojerá”, un Centro Cultural a cargo de "una camuflada asamblea ciudadana", bajo la verdadera tutela de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Mediante la intervención de la Prefectura delegación Corrientes, el espacio perteneciente a la Dirección de Vías Navegables fue desalojado, ante la indignación de los miembros de la organización -es decir Chano Romero y Walter Zamudio-. Gremialistas eternos que defienden el "modelo de inclusión que dice lleva adelante el intendente Camau Espínola, aunque esta vez las palabras se las llevó el viento y la justicia recuperó un terreno usurpado.

“Hay un convenio que data de 2007 y un expediente iniciado en 2011 en el Ministerio de Planificación Federal para extender a 30 años el uso del predio”, dijo a visiblemente indignada, María Elena Villalba, de asamblea ciudadana. Pero no advirtió que el ministro del área nacional al que se refiere ya no tiene cartera y mucho menos plafón para apoyar semejante promesa de palabra. Villalba un tanto inocente a esta altura todavía no percibió que los arreglos políticos se desarreglan de la misma manera.

Para la mujer, la Justicia actuó de apuro, y no otorgó un tiempo prudencial de 48 horas. “No nos dejaron ejercer nuestro derecho a anteponer un recurso de Amparo y ni siquiera actuaron con una resolución original, apenas con una copia”, resaltó dejando entrever las falencias de una Justicia Federal encarnada en el eterno Carlos Soto Dávila.