Testa salió a responder las afirmaciones realizadas ayer por la presidenta Cristina Fernández, quien en su reaparición en la función pública tras la operación de tiroides, cuestionó que las organizaciones ambientalistas no hayan denunciado la depredación que realizaría el gobierno británico en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

La directora de Greenpeace sostuvo que "dentro de su política de gobierno, la política ambiental ha brillado casi por su ausencia", al tiempo que señaló las denuncias que realizó esa entidad "a varios gobiernos" nacionales sobre la depredación en el Atlántico Sur.

Asimismo, sostuvo que "es por lo menos preocupante" la inacción del Gobierno en Famatina ya que "esta protesta lleva ya demasiado tiempo", y criticó que "dese la provincia (gobernada por Luis Beder Herrera) sólo han recibido más provocaciones y el estado nacional no ha intervenido".

Testa, en contacto con las radios Mitre y Continental, declaró que "celebramos que la Presidenta manifieste alguna preocupación ambiental, que es tan ajena a muchos aspectos de la política del gobierno" pero apuntó que "nosotros en 2009 denunciamos la posición argentina con respecto a la pesca ilegal internacional, donde se tenía una posición débil, (ya que) apoyaba un control liviano".

Además, señaló que "en 1998, Greenpeace ya había adelantado todos los proyectos de las empresas petroleras" en el ámbito de Malvinas, por lo que expresó que "es raro que no haya tenido quién la asesore en este discurso, porque existen denuncias y llamados de atención a los gobiernos acerca de este tipo de prácticas".

Incluso, consideró que "es preocupante el silencio que manifiesta el Gobierno en el tema de Famatina" en donde una empresa canadiense tiene contrato para explotación minera a cielo abierto, "el que además de ser un conflicto ambiental, es un conflicto social, (ya que) los que resisten no son las ONGs ambientalistas sino el pueblo".

Por ello, exigió de parte del Gobierno "dar una respuesta, en tanto que mediación al conflicto" desatado en Famatina, en donde se denuncian las alteraciones ambientales que podría ocasionar la explotación minera en ese lugar.

En tanto, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, defendió la semana pasada el trabajo de las empresas mineras al afirmar que "la minería no es un demonio" y buscó desvincularse del conflicto al señalar que "las provincias son dueñas de sus recursos naturales por la Constitución" y que deben ellas decidir qué hacer con sus emprendimientos, en referencia a la explotación minera.

"Los grandes países que desarrollan minería no lo hacen con métodos que perjudican a sus ciudadanos. Si es el mismo método, no la demonicemos. Si no es el mismo método, se justifica plenamente la actitud de los vecinos", indicó Mussi.

El funcionario dijo que existen estudios para determinar si el método utilizado es contaminante. "Que el estado se encargue de demostrar que no es cierto lo que dicen (los ambientalistas), que pidan un estudio a una universidad confiable para ellos", sostuvo.

Para Mussi, la minería "no es tan abarcativa ni en lo que se refiere al territorio ni a los puestos de trabajos. La ciudadanía no debe decir que no a la minería", agregó.