El gobierno provincial parece haber "pisado el palito". Los amparistas que rechazan la construcción de Medasur en el parque infantil "Caídos en Malvinas" señalaron ayer que la Fiscalía de Estado incurrió en una grave contradicción, ya que con una prueba presentada en el expediente reconoce ese lugar como "espacio verde". Solicitaron, además, una prorroga de la suspensión de las obras.

Los vecinos anunciaron ayer, mediante una conferencia de prensa, que fueron notificados como parte del expediente judicial, y advirtieron que los argumentos del gobierno pampeano son desacreditados por sus propias presentaciones en la causa que lleva adelante la jueza Susana Ethel Fernández. Dentro del expediente, una documentación considera al parque infantil como "espacio verde", algo que fue negado por el propio gobernador Oscar Jorge, y el intendente santarroseño Luis Larrañaga. Lo curioso es que ese documento fue aportado por la Fiscalía de Estado, cuyo titular es Alejandro Vanini.

"Los argumentos del gobierno se contradicen con los documentos que ellos mismos aportaron con la firma de la abogada de la Fiscalía (Marina Alvarez), donde indican que allí hay un espacio verde, con juegos instalados, y que debe ser cuidado y administrado por la Municipalidad", comentó José Perrota, uno de los amparistas.

Señaló, por otro lado, que el gobierno pampeano presentó en la causa judicial un relevamiento de espacios verdes que fue realizado en julio de 2006, por la ingeniera agrónoma Elida López Gay, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para la municipalidad y donde aparece identificado como uno de ellos el parque "Caídos en Malvinas". Eso se contradice evidentemente -manifestaron- con la postura de Jorge y Larrañaga, quienes indicaron lo contrario en varias oportunidades.

El trabajo elaborada por la profesional de la UBA, que marca unos 147 espacios verdes en la ciudad, fue presentado a la jueza por la Fiscalía de Estado, como un argumento para desarmar el parque. "Leyeron todo mal, porque el parque figura bajo esa condición en el barrio Villa Amalia y Villa Navarro Sarmiento, ni en zona Centro, ni en Villa Alonso, como todos podemos presuponer por un conocimiento popular. El Gobierno basó su estrategia en eso, y por esa lectura rápida hicieron planteos irreales, intentando hacernos creer que ahí no había un espacio verde". El documento dice textualmente: "E.V. (Casa de Gobierno y atrás de C. de Diputados) Corrientes y Av. Belgrano Norte". Especifica, además, que en esa zona, marcada como la número 19, existe también otro espacio verde en Moscón y Smith. El Ejecutivo pampeano, según los vecinos, pasó por alto que el parque en conflicto figuraba en otro espacio de la zonificación.

Ante esta documentación que figura en el expediente judicial, otro amparista, Gustavo Laurnagaray, indicó que estos elementos son "jurídicamente decisivos", y que echan por tierra los argumentos del Estado provincial. "Desconocieron la postura y la movilización de la gente, quedándose en cuestiones catastrales, porque supuestamente le caían bien", agregó.

Dos notas.

Por otro lado, los vecinos también pudieron acceder a un intercambio de notas de diciembre último -con el litigio en marcha- entre el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Jorge Varela, y el intendente Luis Larrañaga. De aquellas notas, se desprende que ambos funcionarios reconocen ese lugar como un espacio verde.

En la primera nota, emitida el 14 de diciembre, el ministro Varela le pide específicamente a la Municipalidad de Santa Rosa que "ceda en uso al Gobierno de la Provincia los juegos a retirar del predio donde se va a construir el Centro Cultural, y que los juegos que están ubicados en el espacio verde pueden ser trasladados para ser ubicados en otro sector, en Belgrano y Padre Buodo", comentó Perrota.

La misiva fue contestada el 15 de diciembre, a través del secretario de Obras Públicas, Servicios y Planeamiento Urbano, Javier Schlegel, donde dice que "el municipio autoriza el traslado de los juegos existentes en el predio donde se va a construir el centro cultural hacia el espacio verde lindante al sur, el cual deberá ser parquizado e iluminado con el fin de mantener el área de recreación".

El profesor señaló, ante esto, que "allí se confirma que ambos gobiernos, el municipal y el provincial, reconocen que sobre Corrientes y Belgrano hay un parque y un espacio verde. Entonces, el argumento del gobierno se cae por su propio peso. Es algo evidente".

Prorroga.

Los amparistas dijeron, además, que la jueza Susana Ethel Fernández deberá decidir antes del próximo jueves sobre un pedido presentado por los vecinos, quienes le solicitan una prorroga de la suspensión de las obras para la construcción del controvertido edificio.

"El gobierno se entretuvo con simples maniobras políticas para poder sacarse de encima este reclamo que estamos haciendo, y se olvidaron de cumplir con los pedidos que hizo la jueza", que constan de la realización de un estudio de impacto ambiental y el llamado a audiencia pública, señaló Perrota.

Luego de ver el material que dispone el expediente judicial, el abogado Sergio Sánchez Alustiza, patrocinante de los vecinos que pretenden que se reubique el espacio cultural, presentó formalmente un pedido de prorroga de la medida cautelar de no innovar, de 90 días. La misma fue dictada en diciembre del año pasado por la jueza Fernández y ese plazo se cumplirá el próximo jueves 15.

"Si no se plantea una nueva prorroga el gobierno provincial tendría la potestad, a través de la autorización del municipio, de iniciar la obra. Realizar esta presentación es una obligación y un acto de precaución para que eso no ocurra", afirmó el amparista.