Un grupo de vecinos de Plottier denunció al ex titular del Concejo Deliberante de esta ciudad, Lucio Parra, por supuesto enriquecimiento ilícito durante los dos últimos años.

La denuncia la presentaron ayer ante la Fiscalía General. En el escrito plantearon que el concejal que perteneció al partido del ex intendente Sergio Gallia y que fue su candidato a jefe comunal en 2011, se construyó una vivienda de alrededor de 1,3 millón de pesos y utilizó automóviles de alta gama, inversiones que no se corresponderían con los ingresos salariales que tuvo mientras estuvo en el cargo.

Ayer, La Mañana de Neuquén dialogó en forma breve con Parra. Sólo dijo “yo no tengo nada que ver; ya estoy fuera de funciones”. Y luego la comunicación telefónica se cortó.

En la denuncia, que firmaron cuatro vecinos, afirmaron que Parra fue concejal entre 2003 y 2007 y ejerció el cargo de presidente del Concejo Deliberante entre 2007 y 2011. El sueldo que cobró en estos periodos fue aproximado a los 4.500 pesos mensuales.

Asimismo, destacaron que la esposa del ex funcionario, Sara Elizabeth Zúñiga, es empleada de la Municipalidad y tiene un salario que “difícilmente supere ese monto”.

Bienes bajo la lupa

Los supuestos bienes que se pusieron bajo la lupa son una vivienda que se le atribuye a Parra, “en el barrio Ecor I de Plottier sobre dos lotes y con 240 metros cuadrados”. El valor sería “de 1.380.000 pesos”, según lo plantearon en el documento.

A esto agregaron la propiedad de automóviles de alta gama. “En noviembre de 2011 poseía un Nissan Tiida modelo 2011 con un precio de compra de $91.400; durante ese mismo año solía usar un Chevrolet Vectra negro; y en 2010 usaba habitualmente una camioneta Nissan Frontier doble cabina”, indicaron los denunciantes.

El período en el cual se habría producido este aumento patrimonial del ex funcionario “se da en un muy breve lapso de tiempo, entre fines de 2009 hasta el año 2011”, dice la denuncia.

“Esto lo hacemos porque somos un grupo de vecinos que ante la inacción de ámbitos como de los gobiernos y la Justicia, decidimos actuar para que se investigue porque todo el pueblo habla de este tema”, dijo ayer a La Mañana Darío Torchio.

En la denuncia, remarcaron que según “el artículo 286/2 del Código Penal, será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.