El concejal Pablo Grasso se refirió a la situación generada en torno a la pretensión de que se declaren de Utilidad Pública los terrenos donde antiguamente funcionaba el ex Frigorífico Swift. Primero lo hizo a través de una ordenanza que fuera sancionada por el voto del Bloque del Frente para la Victoria, pero como la ley de expropiaciones contempla ese trámite sólo a través de la Legislatura provincial, le entregó la documentación al diputado por pueblo Mauricio Gómez Bull para que se siga el proceso parlamentario.

Ante la reacción del diputado nacional Eduardo Costa, revelando que parte de esos predios pertenecen a su familia y que no se había construido nada en ellos por una restricción impuesta por los vendedores (Supermercados La Anónima y Carrefour) que vence el próximo 20 de noviembre, el concejal justicialista rechazó las acusaciones vertidas por el presidente de la Unión Cívica Radical, sobre persecución política.

“Primero nosotros, a correlato de lo que venimos implementando desde hace un tiempo es empezar a realizar un ordenamiento territorial importante, por lo menos en el casco céntrico de la ciudad” dijo Pablo Grasso al portal Sora Digital, y sostuvo que se debe trabajar en una “planificación de lo que es el crecimiento de Río Gallegos y no dejar para más adelante lo que se puede hacer hoy”.

“Así nos encontramos con un predio histórico para la ciudad de Río Gallegos, ubicado al costado de la U15, que es de una cooperativa que dio quiebra hace muchos años, que es de la Swift” explicó, y aseveró que “en ese caso hay una deuda del año 78 y está inscripto en la Municipalidad y en el Registro de la Propiedad a nombre de esa cooperativa, y lo que hemos iniciado en el Concejo Deliberante y ahora en la Cámara de Diputados, pidiendo la expropiación para uso de bien público”.

Pablo Graso aseguró que “después de un tiempo, lamentablemente, nos vimos más que sorprendidos al saber que parte del predio es del diputado Eduardo Costa”. Y dijo que eso le llamó “doblemente” la atención, “primero en haber tenido los papeles irregulares sobre la propiedad de estas características y segundo transformando esto en algo político”.

“Nosotros no sabíamos que era de él” sostuvo el edil, y remarcó que “por más empresario, millonario y famoso que sea, en el ámbito provincial y nacional, tiene que cumplir las mismas obligaciones que cualquier vecino de la ciudad de Río Gallegos respecto de las ordenanzas vigentes”.

Detalló que eso tiene que ver con el tiempo de construcción, la limpieza del predio, “el abandono permanente en el lugar y el no haber inscripto la propiedad como corresponde”, y reiteró que “consta en el expediente de que el registro está a nombre de la Cooperativa y no de un particular”. Según Grasso, su experiencia le marca que “cuando la Unión Cívica Radical o un grupo se empieza a poner incómodo sobre esta situación, es que defienden algún interés o sabían algo que nosotros no, y después se corroboró que se defendían los intereses de su jefe político”.

Aseguró que el proceso de expropiación seguirá adelante ya que “nosotros necesitamos tener un casco urbano en crecimiento y no en ruinas y abandono”.

Y sostuvo que si en todo caso se decidiera por parte del Ejecutivo Provincial, la Legislatura o el propio intendente, “avalar los trámites irregulares que tuvo el diputado nacional, que hagan ellos su análisis y la responsabilidad será de ellos”.

De esta forma, finalmente el concejal destacó que “así como un vecino que se le otorga un terreno y no puede construir su casa en el plazo convenido se lo sacan, creo que con la misma vara deberían ser medidos todos y no dependiendo de la plata o la fama que tengan, porque las ordenanzas son para cumplirlas”, concluyó.