La empresa que recolecta los residuos en la ciudad, Transportes 9 de Julio, fue contratada por primera vez por el Municipio el 2 de noviembre de 1992, tras adjudicarse una licitación. Hasta 1995 se repartió el servicio de higiene urbana con Venturino Eshiur, a la que el por entonces intendente Mario Russak le rescindió el contrato. La ciudad quedó entera para la 9 de Julio, que a través de sucesivas prórrogas operó hasta el 7 de agosto de 2005. En ese año ganó una nueva licitación. Su vínculo con el Municipio expira el 7 de agosto de 2013.

En la semana que pasó, el gobierno municipal amenazó a la concesionaria con quitarle el servicio. “Esto obliga a repensar si es esta empresa la que debe brindarlo. Quien accede a un contrato de esta naturaleza debe comprender que las características del servicio que está brindando no es un simple suministro”, se despachó el presidente del Ente de Obras, Manuel Regidor.

El funcionario aludía al paro de los choferes de camiones que derivó en que la 9 de Julio no recogiera la basura de las calles entre el martes a la noche y el miércoles a la mañana. “Tiene que estar dispuesta a brindar el servicio cualquiera sea la situación. En caso contrario, se tiene que plantear seriamente si está en condiciones de afrontar la responsabilidad que esto implica”, explotó.

Ningún funcionario utiliza ese tono contra la empresa que tiene el contrato más jugoso del Municipio si no es por orden de su jefe máximo. La advertencia de Regidor fue, por lo tanto, la advertencia de Pulti. Pero habría que poner las frases en su verdadero marco: lo del funcionario municipal obró, más que como amenaza concreta, como respuesta política a la inapropiada decisión de dejar a la ciudad sin recolección de residuos.

Se dijo que la 9 de Julio no prestó el servicio esos días porque sufrió una medida de fuerza de sus trabajadores, que reclamaban un aumento en los viáticos. ¿Por qué, entonces, la réplica política del Gobierno no mencionó al gremio de los chóferes de camiones y sí a la empresa? La respuesta es simple: el Gobierno sospechó que la 9 de Julio usufructuó la medida de fuerza para recordarle sus problemas financieros. En otras palabras, que no movió un dedo para frenar el paro.

La concesionaria le reclamó hace poco más de dos semanas al Municipio una redeterminación del precio del contrato, que hoy está situado en 6,8 millones de pesos por mes. El argumento empresarial es que los camioneros consiguieron un aumento salarial del orden del 25 por ciento. Esta historia no terminará con una rescisión del contrato como sugirió Regidor en una de sus mejores sobreactuaciones: terminará con una suba del precio mensual como dio a entender el secretario de Economía, Mariano Pérez Rojas, antes de que las partes gastaran sus cartuchos en presiones y advertencias mutuas.

Por lo demás, al Gobierno le sirve cuestionar a la empresa recolectora para acercarse al discurso opositor, siempre crítico con la forma en que se limpia la ciudad. De hecho, desde el Concejo Deliberante han sido emitidos innumerables pedidos de informes sobre la tarea de la 9 de Julio. Es una práctica habitual de los concejales elevar solicitudes de información al Ejecutivo antes de convalidar los aumentos para la concesionaria. El final es siempre parecido: las solicitudes no siempre son respondidas; los aumentos nunca son incumplidos.

Las otras grandes concesionarias del Municipio son las empresas del transporte colectivo de pasajeros. Cuando en febrero el Gobierno aceptó un nuevo pedido de aumento del boleto, firmaron un acuerdo en el que establecían que a más tardar el 24 de agosto pondrían en marcha el sistema de tarjetas por aproximación como sistema de cobro, las cuales coexistirían durante una primera etapa con las magnéticas. En la semana anunciaron que todo empezaría mucho antes: mañana.

Eso ocurrió durante la presentación de 30 nuevos colectivos. Allí había funcionarios, concejales y dirigentes gremiales. Daba la sensación de que todo estaba perfectamente acordado. Fue una ilusión: ni siquiera se sabe a cuánto serán vendidas al público las nuevas tarjetas.

Las diferencias quedaron expuestas con demasiada prontitud. Los concesionarios hablaron de un precio que no superaría los seis pesos. El Ejecutivo se espantó y difundió un comunicado para aclarar que no se había fijado ningún monto. “Hasta que no se fije uno no habrá tarjetas”, se plantó el secretario de Gobierno, Ariel Ciano.

El único proyecto que hay para financiar el nuevo mecanismo fue presentado por el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo, el radical Fernando Rizzi. Propone autorizar a las empresas a explotar publicitariamente las tarjetas. Los concesionarios la ven como una alternativa viable; el Gobierno también. Pero necesitarían que el Concejo aprobara el proyecto con rapidez, una cualidad que el cuerpo ha perdido desde que se profundizó la tensión política entre el oficialismo y la UCR.

En Acción Marplatense encendieron la luz de alerta: los pliegos de licitación para remodelar el Complejo Playa Grande llevan tres semanas en el Concejo y no pasó el filtro de la primera comisión, la de Turismo. Claudia Rodríguez exhortó a los concejales a tratar el plan oficial. En el fondo le estaba enviando un tiro por elevación al radical Nicolás Maiorano, presidente de esa comisión. Pero Maiorano, acusado por el oficialismo de llevarse un expediente y no devolverlo, no tiene ningún interés en que las cosas se hagan exactamente como Acción Marplatense las desea.

El otro problema del bloque de Pulti es que no tiene mayoría en dos de las cuatro comisiones por las que deben pasar los pliegos: Turismo y Hacienda. Sí la tiene en Obras y Legislación, donde se prevé que el proyecto se apruebe sin más trámite que el de ponerlo en el orden del día.

El intendente sigue las disputas del Concejo como si todavía retuviera una banca en el recinto. Se regodea con las victorias y se angustia con las demoras. Generalmente les pide a sus concejales que apuesten al diálogo con la oposición; con la misma frecuencia les reclama celeridad, rigor y decisión. Suele tener la convicción de que esas órdenes, aunque puedan parecer contradictorias, son compatibles.