La aprobación del proyecto que expropia el 51% de las acciones de YPF, en manos de la empresa española Repsol, será un mero trámite administrativo. El oficialismo ya tiene los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso, por lo que ahora, en altas esferas de la Casa Rosada, ante el agravamiento de los problemas fiscales y económicos, estaría circulando un borrador de un proyecto que apuntaría a la nacionalización de los juegos de azar.

“Ahora vamos por el negocio de la mafia del juego”, se le escuchó decir a José Ottavis, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente de la agrupación La Cámpora, durante un encuentro con legisladores. Así lo confirmaron a Hoy representantes de distintos bloques políticos.

Desde hace años, en las páginas de este diario se viene planteando que, ante las grandes necesidades que existen en la Provincia y los oscuros intereses que mueve el negocio del juego, se debería estatizar la actividad. Esa es la única forma de ponerle punto final al saqueo de los recursos que se le realiza a los sectores socialmente más postergados, que son los que más recurren a las tragamonedas para poder llegar a fin de mes.

Lejos de ir en la dirección planteada por este medio, la intención del Gobierno nacional pasaría, exclusivamente, por hacerse de la multimillonaria caja que conforman estos negocios que, en su gran mayoría, están bajo la órbita de las loterías provinciales. Sólo en el caso de la administración bonaerense, el propio Ejecutivo provincial, en la ley de Presupuesto 2012, estima que este año moverá alrededor de 12 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones son generados por máquinas tragamonedas.

De esta forma, en lugar de ser recursos propios de la Provincia, se irían al fisco nacional, integrando el sistema absolutamente discrecional de reparto de fondos que viene realizando el kirchnerismo desde que llegó al poder. También se les quitaría fondos a los municipios. Por ejemplo, sólo el bingo de Necochea genera alrededor de 6 millones de dólares por año, que van a parar a la provincia de San Luis, donde tiene sede la empresa que regentea esa sala. En caso de que el Estado nacional tome el control, el municipio tampoco verá un solo peso de esos seis millones.

Traba constitucional

Un escollo no menor es que el artículo 37 de la Constitución bonaerense establece que “la Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido, esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”. Y agrega que “la ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico”. Ahora bien, la realidad es que el gobierno de Eduardo Duhalde en los ‘90 violó flagrantemente la Carta Magna provincial, al habilitar el desembarco de tragamonedas en los bingos bonaerenses que se instalaron, principalmente, en el Conurbano. Ninguna de esas salas cumple función turística alguna. Y, lo que fue aún más grave, las licencias para su explotación fueron otorgadas a supuestas entidades de bien público (en su gran mayoría son pantallas para hacer negocios), que a su vez las tercerizaron con las empresas de juegos de azar en la Provincia.

Un vericueto legal es que la Constitución de la Provincia no menciona ningún juego en particular, por lo que las tragamonedas, que son las que mayores ingresos generan, podrían ser declaradas de interés público para pasar a ser administradas y controladas por el Estado nacional. Las “maquinitas” no son consideradas juegos de azar como la ruleta o los juegos de paño, sino un juego programado, lo que puede ser aprovechado por la administración K para hacer una clara diferenciación con el resto de los juegos, que seguirían bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Como era de esperar, hay empresarios amigos del kichnerismo que están agazapados ante el negocio multimillonario que se viene. Uno de ellos es Cristóbal López, el dueño del casino flotante de Puerto Madero que, tras la compra del bingo de Los Polvorines, hace años que viene operando para instalar “maquinitas” en la zona norte del Conurbano, en San isidro o Vicente López. Cristóbal estaría particularmente interesado en la suerte de la empresa Boldt, que está en la mira del kirchnerismo, ya que la acusan de estar difundiendo mucha información comprometedora sobre los vínculos del vicepresidente Amado Boudou con la compra de la empresa Ciccone Calcográfica. Concretamente, la empresa TecnoAction, que pertenece al kirchnerista, desde hace dos años viene operando el millonario negocio de la captación de apuestas on line de Lotería Nacional. Y su intención sería desembarcar en la Provincia, aprovechando que la última prórroga del contrato de Boldt, que cumple con esa función desde el gobierno duhaldista, vence el año que viene. Se trata de un contrato de por lo menos 200 millones de pesos anuales.

Codere: exorbitantes ingresos de 552 millones de euros

Actualmente, el principal operador del juego en la provincia de Buenos Aires es el grupo español Codere, que regentea 14 bingos en territorio bonaerense. Según su último balance, el negocio en 2011 registró un crecimiento del 22% y le reportó ingresos por 542 millones de euros, es decir, más de 2.700 millones de pesos. Esta ganancia no la obtiene en ninguno de los países donde funciona el grupo, que actualmente tiene presencia en España, Italia, México, Colombia, Panamá y Uruguay.

Así, mientras Argentina sólo cuenta con el 7,3% de las salas de bingo del grupo Codere (14 sobre 191) y el 4,7% de las máquinas tragamonedas (5.279 sobre 54.818), tiene una participación relativa cada vez más grande en el negocio del juego que Codere administra alrededor del planeta. Y la explicación hay que encontrarla en que por cada 100 pesos que se juegan en las máquinas tragamonedas, Codere y los operadores del juego se quedan con 10 pesos y solamente 5 van al Estado. Los 85 pesos restantes se utilizan para pagar premios.

Ley Antitabaco: van contra los beneficios de los bingos

Está previsto que mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, se trate un proyecto sobre tablas impulsado por el kirchnerismo para eliminar la excepción que gozan los bingos bonaerenses, donde funcionan las máquinas tragamonedas, para no cumplir con la prohibición de fumar. La iniciativa sería presentada por el diputado kirchnerista Juan de Jesús, que responde al vicepresidente Amado Boudou.

El interés de los empresarios del juego en que esta iniciativa no avance se debe a que, si no se puede fumar en las salas, los apostadores se verían obligados a tener que salir del lugar para poder fumar un cigarrillo, y ello podría implicar que tengan el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que están haciendo, y dejar de jugar.

En 2008, la Legislatura sancionó una normativa que impide el consumo de tabaco en todos los ámbitos estatales, lugares de trabajo, transportes y espacios cerrados de acceso público, aunque con una excepción: las salas de bingo. En aquel momento, esa incorporación fue interpretada por la oposición como una victoria del lobby de las empresas de juego sobre el bloque del FpV, donde no pareció muy importante ensayar algún tipo de defensa.

Hoy, el propio bloque oficialista pretende quitar esa excepción, en medio de la puja entre el sciolismo y el kirchnerismo ortodoxo por la caja del juego de la Provincia, con el enfrentamiento entre el vicepresidente Amado Boudou y la empresa Boldt como suceso excluyente.

Todo indica que se vendrá un debate caliente en el recinto, debido a la creciente pelea que existe entre los ultrakirchneristas, que vienen atacando sistemáticamente al gobernador, y los sciolistas, que acusan a los soldados de la Casa Rossda de querer poner trabas a la gobernabilidad.