El intendente Omar Goye desistió ayer de la acción penal entablada contra integrantes de la ARB a condición de que depongan toda medida de fuerza, en el marco de una audiencia conciliatoria donde tuvo que escuchar duros reproches de los recicladores.

El acercamiento entre las partes se realizó en el basural, a instancias de la fiscal Mirta Siedlecky quien advirtió que el conflicto en tratamiento era de orden político y no materia judicial al tiempo que consideró "lamentable que se haya llegado a esto por falta de comunicación".

El intendente radicó la denuncia penal el 24 de abril en respuesta al piquete iniciado un día antes por la recicladores para denunciar la presencia de menores y familias enteras revolviendo el manto de basura y reclamar medidas de seguridad y tareas básicas de mantenimiento. El último venteo de gases se construyó en diciembre de 2011.

En la convocatoria al diálogo, Siedlecky señaló que las dos "cuestiones concretas" expuestas por la ARB son "la punta de un iceberg", de una problemática mucho más amplia y que la propuesta acercada por el municipio no daba respuestas al reclamo.

El Ejecutivo había ofrecido un subsidio mensual de $7.500 para que la organización pudiera equilibrar sus ingresos, que permanecen en rojo desde la erupción del volcán, y "cursos de capacitación" para el manejo de la basura.

La presidente de la ARB, Zulema Morales, rechazó la mediación del defensor del Pueblo, le recordó que a Goye que "nunca tuvimos un intermediario" con los anteriores intendentes y aseguró que "nos duele mucho la falta de diálogo con esta gestión", mientras que Gladys Pichiñanco le recriminó que "tuvimos que hacer un piquete para que usted esté hoy acá".

Morales le espetó al mandatario que "se equivocó" al recurrir a la Justicia y le exigió que "se ponga las pilas" para encontrar las soluciones reclamadas desde enero. "El basural es prioridad uno y si denunciamos que tenemos chicos, gente adentro es porque se necesita dignificarle su vida", sostuvo. También le sugirió que "si el gabinete no funciona que de un paso al costado".

Las partes acordaron reunirse mañana, a las 11, para trabajar sobre las medidas de seguridad y mantenimiento reclamadas por la ARB, que prometió no realizar nuevas medidas de fuerza mientras se mantenga abierta la vía de diálogo.

Goye anticipó que la seguridad estará en manos del municipio y defendió los avances para titularizar la tierra donde se instalará la planta de reciclado.

La secretaria de Desarrollo Humano, Diana Garrafa, informó que el relevamiento realizado en el basural registró la presencia de 60 familias que concurren a diario en busca de sustento, de las cuales un porcentaje considerable no tienen trabajo.

La funcionaria aseguró que "no se verificó la presencia de niños" pese a que el censo cubrió un horario extenso pero se constató la concurrencia de 4 adolescentes, menores de edad.