SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Omar Goye suscribió ayer con la ARB el acta de cooperación que define las condiciones de trabajo de los recicladores y las obligaciones del municipio en el basural, donde aún faltan las obras prometidas y el control de ingreso.

Uno de los aspectos es la creación de una "mesa de gestión", integrada por las secretarias del Ejecutivo con injerencia en la materia y representantes del Concejo Municipal, el ministerio de Desarrollo Social de Nación y la Fundación Arelauquén.

El documento también formalizó el subsidio mensual de $7.500 que Goye ofreció en el marco de una mediación judicial y designa al jefe de Gabinete como interlocutor directo con los recicladores.

La presidente de la ARB, Zulema Morales, señaló que el documento le da "un marco más formal" a la relación con el municipio y contiene "algunos puntos más específicos" que los antecesores. La recicladora confió que mejoró el diálogo con el personal pero que aún sigue entrando gente ajena al vertedero para buscar sustento entre la basura y que no hay fecha para los trabajos de mantenimiento.

El acuerdo reafirma que los integrantes de la ARB serán "los únicos" autorizados para desempeñar tareas diarias de selección, clasificación, acopio y comercialización de "todo material reciclable", con reserva de futuras adecuaciones normativas para la recuperación de cobre y metales no ferrosos. También reserva el control de ingreso y egreso al vertedero".

En los considerandos del acuerdo el Ejecutivo se atribuye "haber impulsado y acompañado la organización de los trabajadores del vertedero con el objetivo de brindar un marco de seguridad jurídica a su actual situación".

La cita, que parece un resabio de anteriores convenios, contrasta con el duro conflicto mantenido entre el Ejecutivo y la ARB en marzo y abril. Los recicladores llegaron a cortar el ingreso de camiones al vertedero para forzar una respuesta del gobierno.