Advirtió a los funcionarios de esa provincia que “no se hagan ilusiones de que la firma del convenio frenará las acciones penales”. Reveló que el ingenio Marapa tiene una causa abierta desde hace cinco años, pero aún no fueron citados los propietarios.
Durante la charla, el representante del Ministerio Público Fiscal, criticó los controles ambientales de Tucumán y dijo que terminaron en un “rotundo fracaso”, lo que derivó en innumerables causas penales ambientales contra titulares de industrias. Señaló que la contaminación con residuos peligrosos es un delito, y cuestionó que nunca se haya podido avanzar en el fuero federal tucumano contra los funcionarios. Por eso celebró la citación a indagatoria de Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de Tucumán, por parte del juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari.
Sin influencia
Consultado acerca del rol que va a tener la Justicia, ante el pacto rubricado entre Santiago y Tucumán, en el que se busca una salida extrajudicial al conflicto ambiental, Gómez enfatizó tres cuestiones. “En primer lugar, ese tipo de acuerdo no tiene ninguna influencia en las causas penales. En segundo, el acuerdo es firmado el día antes de que Molinari proceda a la citación de empresarios y funcionarios; eso muestra a las claras la independencia de la Justicia de lo que se acuerda en el poder político”, rescató.
La tercer cuestión del convenio sobre la que se explayó Gómez, es en el sentido de querer frenar las acciones judiciales, según entendió. “Durante la preparación de este convenio, siempre se ha manifestado la situación de no judicializar el conflicto ambiental. El sentido que se ha querido dar al convenio, es más de lo mismo, es tratar de que esto no sea resuelto a través de la Justicia”, dijo.
El jefe de los fiscales federales de Tucumán, Santiago y Catamarca, está “seguro que cuando se habla de no judicializar, es porque la Justicia ha decidido resolver la acción penal de acuerdo con la ley”.
Sin embargo, reparó en que la acción judicial excede al marco que tienen los funcionarios públicos y recalcó: “Si por la imaginación de ellos pasa, que con este tipo de convenio van a evitar ser citados por la Justicia, como de hecho ha ocurrido, me parece que tienen una falsa ilusión. No se podrá eludir la acción penal ambiental”.
Citación de Montalván
En tal sentido, valoró la decisión del juez federal santiagueño, Guillermo Molinari, de citar a indagatoria al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por la causa que se instruye en el Juzgado Federal local.
“Me parece excelente la decisión de Molinari de citar a Montalván. Siempre digo que detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario público corrupto”, consideró.
Gómez señaló que las acciones administrativas, cuando fracasan, habitualmente se convierten en acciones penales. “Si hubo una acción administrativa, ha fracasado por falta de control como está claramente expuesto en esta problemática. Las leyes en Tucumán prohiben tirar estos desechos, se imponen multas, sanciones, etc; y en este sentido es evidente que los controles ambientales de Tucumán fueron un rotundo fracaso en este sentido”, juzgó.
Otro aspecto positivo que resaltó de la citación a Montalván, es que fue “una muestra que Tucumán debe rendir cuentas ante el juez federal, de por qué no han aplicado sus propias normas provinciales y las nacionales, en este tipo de control”.
Como se recordará, el fiscal federal local, Pedro Simón, había solicitado al juez federal Guillermo Molinari, que indague e impute por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al secretario de Medio Ambiente tucumano en el marco de la causa abierta contra las industrias responsables de la contaminación del embalse Río Hondo.
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