La administración K ayer no sólo dejó en claro que no están dispuestos a atender la situación de los pasivos en litigio, sino que fue aún más allá en la escalada de descalificaciones.

Concretamente, el vicepresidente Amado Boudou, el mismo que está seriamente involucrado por la presunta compra de la imprenta de la ex Ciccone mediante testaferros, afirmó que los jubilados que piden aumento son “una parte minoritaria”.

Sin mostrar ningún tipo de prueba, el vicepresidente agregó que gran parte de los que litigan contra la Anses son “los mismos estudios jurídicos que se repiten una y otra vez”, y que se benefician con “una especie de pacto de cuota litis leonino, en juicios que representan una pequeña proporción de lo que es el sistema jubilatorio”.

En realidad, la mayoría de los pasivos que decidieron recurrir a la Justicia cobran la jubilación mínima, que no llega a los $ 1.900, cuando durante décadas realizaron aportes para tener un ingreso que, al menos, no los ponga en situación de pobreza. Con $ 1.900 ni siquiera se cubre el pago del alquiler de un departamento de un ambiente en el casco urbano de La Plata.

Luego, el titular de la Anses, Diego Bossio, minimizó la implicancia del fallo de la Corte Suprema que rechazó la recusación del juez de la sala II de la Cámara de Seguridad Social, Luis Herrero, al ratificar la política jubilatoria oficial y las apelaciones sobre las demandas por reajuste de haberes de los pasivos.

“Hay fallos de la Corte que, de alguna manera, cuestionan nuestra política jubilatoria; nosotros entendemos que tenemos una política que es acertada”, planteó.

Bossio afirmó que el fallo del máximo tribunal conocido el miércoles no tendrá “ninguna implicancia” y alegó que “lo que queríamos era que se respete nuestro legítimo derecho a defensa; somos una parte y tenemos derecho a defendernos”.

“Las sentencias son fallos particulares, no fallos generales. La Justicia no legisla, la Justicia falla en términos particulares y nosotros estamos dando resolución a cada una de esas decisiones. Claramente tenemos que defendernos, somos una parte”, señaló. A su vez, advirtió que “la responsabilidad de cuidar los recursos públicos no es sólo del Poder Ejecutivo, y de la Anses, es de todos los poderes del Estado, esto se lo dijimos a la Corte”. Bossio aseveró que la Anses “nunca” dejó de dar cumplimiento a los casos particulares.

La realidad es que lo hace a cuentagotas, esperando que los jubilados que tienen sentencia favorable de la Justicia se vayan muriendo. Hay jubilados que están esperando hace cinco años el cumplimiento de lo que dispuso la Justicia. Todas estas movidas del Gobierno no hacen más que seguir usando los recursos de la Anses para fines políticos, que nada tienen que ver con los intereses de los jubilados y pensionados. Con esta caja se financian campañas electorales, la compra de netbooks que se reparten en escuelas de manera absolutamente discrecional y hasta el otorgamiento de créditos blandos a empresas multinacionales amigas del poder político.

Califican de “cuervo” al titular de la Anses

Diputados opositores criticaron ayer a la política dispuesta por la Anses, que lleva adelante su titular, Diego Bossio, por promover la “negación de derechos” a los jubilados y la sucesión de juicios previsionales por no ajustar oportunamente los haberes de los pasivos por motivos presupuestarios.

El diputado Eduardo Santín (UCR- Buenos Aires) responsabilizó a la Anses y a Bossio, a quienes calificó de “cuervos”, de fomentar los juicios previsionales por no readecuar los haberes jubilatorios.

“Las sentencias existen por la Anses, ya que no se inventan los juicios: los cuervos son efectivamente la Anses, con Diego Bossio a la cabeza, que promueven los juicios y le dan trabajo a los estudios jurídicos”, afirmó Santín.

Agregó además que “el cuervo en esta situación es Bossio, y no tengo por qué no creer que el titular de la Anses no trabaja con los estudios jurídicos” en detrimento de los propios jubilados.

Al respecto, la diputada María Virginia Linares (GEN- Buenos Aires) explicó que “oportunamente el Poder Ejecutivo tuvo los fondos necesarios como para poder pagar el 82 por ciento móvil, y entendemos que se debe acatar lo que plantea la Justicia” respecto a la recomposición de haberes.

Linares expresó: “La Anses hace años que no acata los fallos de la Corte, y la división de poderes hace que no se pueda obligar al Ejecutivo” a que cumpla con las sentencias.

Los legisladores opositores se refirieron así a lo expresado durante la presente jornada por Bossio, quien minimizó la implicancia que tendrá para la Anses el fallo

de la Corte Suprema que rechazó la recusación del juez de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social, Luis Herrero, y que además ratificó la política oficial en materia jubilatoria.

Linares afirmó que generan “desconfianza” acciones de la Anses tales como lo sucedido con el último reajuste de movilidad realizado en septiembre, “donde se recortó un tres por ciento a cada jubilado, es decir unos 50 pesos, que suman un ahorro para el PEN de 6.000 millones de pesos. Puede ser un error humano, que hay que subsanar, pero nada se informó al respecto”, dijo.

“Esperan a que se mueran los jubilados”

El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, afirmó ayer que “la estrategia trazada por el gobierno” para no abonar juicios previsionales es “esperar a que se mueran los jubilados”.

“Lo incompresible es que se destinen los fondos de Anses para financiar todo tipo de aventuras políticas, pero no para saldar la deuda con nuestros abuelos, a quienes descalifican tratándolos como buitres y caranchos. No puede ser que la estrategia trazada por el Gobierno sea esperar a que se mueran los jubilados para dignarse a pagarles”, afirmó.

Díaz Ferrán: fianza de 30 millones de euros

La Justicia española decretó ayer la prisión para el expresidente de la mayor patronal española, CEOE, y fundador del grupo turístico Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, eludible con una fianza de 30 millones de euros. El juez Velasco dictaminó esta medida cautelar después de tomarle declaración en el caso que investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, según fuentes jurídicas. Esta fianza se sitúa a la cabeza de las más altas fijadas en España a título individual, al igualar los 30 millones de euros que la Audiencia Nacional española impuso al empresario Javier de la Rosa en 1999.