El Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad prepara una nueva carta para que la Municipalidad de San Luis decida qué hacer con 544 vehículos que fueron secuestrados a raíz de infracciones labradas por el Juzgado de Faltas.

El jefe del Programa Seguridad y Planeamiento, Diego Masci, adelantó que el lunes enviarán otra misiva, con el mismo contenido de la anterior entregada a la Comuna el 19 de abril y que no hicieran acuse de recibo.

En el escrito anterior solicitaron a la Dirección de Tránsito de la ciudad que se haga cargo del alojamiento de los autos y motos que ahora están en el playón policial.

“No tenemos lugar para ubicarlos y tampoco hay inconvenientes en devolverlos a sus infractores”, lanzó enojado el funcionario provincial.

“Si Olguín (director de Tránsito municipal) dice que no recibió la nota es porque probablemente no fue a trabajar hasta el 27 de abril”, contraatacó Masci. Para el jefe de Programa es primordial “invitarlos a dar una solución” y para eso es necesario agotar las instancias administrativas necesarias. Y aseguró que no tomarán una decisión hasta conseguir una contestación formal.

El funcionario anticipó que le pedirán el pago del canon que le corresponde a la provincia por el traslado de esos vehículos y por la retención de los mismos. “Es un gasto que nos generan”, se justificó.

La responsabilidad provincial de almacenar los vehículos secuestrados por la Comuna nació en 1991. Ayer, en conferencia de prensa, el jefe del Programa Seguridad y Planeamiento entregó a los periodistas una copia del decreto Nº 41-SG-91 que fuera firmado el 26 de diciembre de ese año por el subsecretario de Gobierno provincial, Aníbal Astudillo, y su par municipal, Arturo Videla. Allí determinaba que “la Policía asumirá las funciones de Policía de Tránsito y Seguridad Civil y Vial en el ejido urbano del Municipio”.

Para Masci el desconocimiento municipal del compromiso deviene de la confusión con la reciente ruptura del pacto Provincia-Municipio, que firmó Alicia Lemme cuando era intendenta.

Por el lado de la Comuna, el director de Tránsito, José Olguín, no quiso hablar del tema y dijo que el Secretario de Gobierno será el encargado de mediar. El Diario habló ayer con Julio César Fagés, quien aceptó conocer la controvertida nota dirigida a Olguín.

El funcionario de Ponce dijo que pedirán un informe al Juzgado de Faltas y que esperarán a tener los resultados para hablar con los responsables de Gobierno. “El contacto que existe entre ambos organismos es frío y sólo está referido a relaciones institucionales”, admitió.

Fagés consideró que quieren investigar cuáles son los vehículos parados por el Juzgado de Faltas (tarea municipal) y cuáles por los jueces de Instrucción (como delitos o adulteración de patente), que le corresponde a la Policía de la Provincia.

“Esta situación realmente nos preocupa y queremos buscar una solución con la mayor rapidez posible porque no nos gustan los comentarios, ni que se ventilen cosas. Por eso sólo nos manejamos con informes escritos”, concluyó esperanzado en que la semana que viene será fundamental.