El gobierno provincial y el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes, la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) lograron sentarse este viernes a la misma mesa como parte de la negociación paritaria y aunque se trata de un primer paso, reina ahora la sensación de que aflojó en algo en conflicto que el sindicato había anunciado.

De todos modos, quedó en claro el desacuerdo: a la salida del encuentro UTELPa insistió en que el gobierno no quiere hablar del tema que más le importa al gremio, que es la cuestión salarial. Por eso se convocó a un congreso extraordinario para el 28 de febrero.

En principio, UTELPa había hecho advertencias severas, ya que interpretaba que el oficialismo se hacía el distraído ante los planteos que el gremio considera imprescindibles de ser analizados antes del inicio del ciclo lectivo.

Uno de los reproches era, justamente, que el Ejecutivo no respondía en concreto ante el pedido de apertura de la mesa paritaria.

UTELPa difundió un comunicado de prensa para describir el encuentro paritario. “Se insistió en la necesidad de fijar un porcentaje de actualización salarial, a pesar de que no esté definida la pauta nacional”, dijo el gremio.

Apuntó que “los representantes del Ejecutivo plantearon que desde el Gobierno se iba a realizar el anuncio luego de conocer lo definido por Nación. Desde las entidades gremiales se insistió en la posibilidad de estar otorgando un 15% retroactivo a enero y luego de dar a conocer la pauta nacional analizar, discutir el resto. Desde el ejecutivo no había intención de llevar esta discusión sino por el contrario mantener la costumbre de definición unilateral; desde las entidades se exigió el paso a un cuarto intermedio”.

La continuidad será el próximo jueves 23 de febrero a las 18 horas.

“En caso de no existir propuesta salarial y/o la misma fuera considerada insuficiente la paritaria sería cerrada para que el congreso defina medidas a seguir”, advirtió UTELPa.

Desde las entidades gremiales “y tras escuchar los argumentos de los representantes del ejecutivo de ‘cautela’ para los dirigentes gremiales, se dejó en claro el malestar que provoca en la sociedad misma que los legisladores nacionales no se ‘hagan cargo’ de los ‘tsunamis económicos’ y que los costos siempre lo paguen o afronten los y las trabajadoras”. “También se dejó en claro la necesidad de buscar soluciones para que el importe recibido por material didáctico no sea contemplado por el impuesto a las ganancias”, añadió UTELPa.

Confirmó a través del comunicado la convocatoria para un Congreso Extraordinario para el día 28 de febrero, a las 9 de la mañana, en la sede de Utelpa.

Luego de la definición del cuarto intermedio por el tema salarial se continuó la discusión de los restantes temas:

- Nomenclador: se conformó una comisión para poder trabajar la modificación de algunos cargos específicos.

- Comisión de Salud Docente: se continúa el trabajo iniciado por la comisión conformado por acuerdo paritario 28. Y se estipuló la necesidad de contar con un médico no sólo para definir la cantidad de días que se requerirían por las diferentes dolencias crónicas sino que las licencias que se logren “contemplen también a los docentes suplentes ya que tiene que ver con la calidad de vida y la vida misma de los y las trabajadoras”.

- Incompatibilidad: también se conformará una comisión que tenga la posibilidad de analizar la incompatibilidad en el marco de las diferentes normativas y al interior del estatuto docente mismo.

- Seguridad y riesgo de trabajo: se acordó que se generen jornadas institucionales para analizar y reflexionar sobre el tema.

- Además se exigieron viviendas de servicios para los lugares que lo requieran y la devolución de una vivienda de servicio en 25 de mayo.

- El plenario de secretarios generales de UTELPa denunció y exigió “la incorporación en los listados para cubrir interinatos y suplencias de tres docentes que por diferentes situaciones no están en los listados correspondientes. En todos los casos las trabajadoras de la educación tienen título docente, antigüedad y lo que piden es ejercer el derecho Constitucional a trabajar y por decisiones personales de funcionarios de turno del ejecutivo no lo pueden hacer”.