El artículo vigésimo noveno de la ley de presupuesto 2013 derogó la Ley Provincial 648 y sustituyó el artículo septuagésimo de la Ley 159 estableciendo que la inversión en el sistema educativo por parte del Estado provincial no podrá ser inferior al treinta y cinco por ciento del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, netos de coparticipación a municipios y contribuciones figurativas de poderes y organismos de control.

La derogada Ley 648 establecía que la asignación de los excedentes presupuestarios, a partir del Ejercicio 2005, debía imputarse en forma automática a las partidas de educación, hasta alcanzar el veinticinco por ciento (25%) del Presupuesto General de la Provincia. Esta ley había producido una puja entre el Gobierno provincial y los municipios fueguinos. El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego había solicitado una declaración de certeza sobre la interpretación de dicha norma con el objetivo de saber si el 25% debía descontársele de la coparticipación a los municipios o si el Gobierno debía deducirlos luego de haber girado la coparticipación a los mismos. Finalmente, tras varios meses de discusión entre las partes, el Superior Tribunal de Justicia falló a favor de la primera opción.

El mes pasado, en diálogo con Ushuaia Noticias, el Secretario Gremial del SUTEF, Horacio Catena, había expresado que “el porcentaje del presupuesto general de la provincia que se le destina a educación no supera el dieciséis por ciento”. El gremialista había opinado: “Ya no importa si invierte el quince, el veinte o el cincuenta por ciento. Lo que está claro es que hay desinversión, que lo que se gasta se gasta mal y que hay que hacer una profunda inversión en la escuela pública: dotarla de gimnasios, de toda la infraestructura necesaria, generar la mayor cantidad de escuelas medias, jardines y primarias que se necesitan”.

Ahora, según la Ley 905, el Gobierno deberá destinar el 35% a educación. Cabe mencionar que la misma ley, en su artículo vigésimo quinto, crea el “Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales” que estará destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación, en las partidas presupuestarias de personal, bienes y servicios no personales, bienes de uso, y construcciones. Este fondo se financiará con la retención a los municipios del 25% de los recursos que les corresponden por coparticipación de ingresos tributarios provinciales, los que serán deducidos de la liquidación en la coparticipación de dichos conceptos.

El presupuesto provincial 2013, prevé un total de erogaciones que asciende a 7.647.247.072 pesos y un déficit que supera los 600 millones de pesos.