El gobierno endureció ayer su postura con los asambleístas de Gualeguaychú y se transformó en querellante para denunciar penal y civilmente a varios de los activistas porque el conflicto con la pastera "terminó cuando se dio el fallo" del Tribunal de La Haya, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El día después que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y a horas que su colega de Justicia y Seguridad, Julio Alak, afirmaran que el Ejecutivo enviaría a la Gendarmería para garantizar el libre tránsito entre las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos tal como lo había pedido el juez subrogante Gustavo Pimentel, la Rosada redobló la apuesta y judicializó la protesta al convertirse en querellante en la causa.
Delitos. Aníbal Fernández señaló que el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, que por la mañana había estado en Olivos con la presidenta Cristina Fernández, presentó las denuncias penal y civil "con nombre y apellido contra aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos", aunque no dio el listado.
La denuncia penal es por la violación de los siguientes artículos del Código en la materia: entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito.
La presentación incluye también atentado al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentado al orden constitucional y la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento.
En tanto, la denuncia civil es porque esas personas "generaron el cierre de centenares de negocios, pérdida del trabajo del transporte, del turismo y de exportaciones e importaciones, de obstrucciones que impactaron en los pueblos aledaños, de imposibilidad de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay y de la compra de productos uruguayos que necesitan los argentinos".
En su informe ante la prensa —donde no permitieron preguntas— Fernández estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad que mantuvo silencio durante toda la exposición.
El funcionario justificó el cambio de la estrategia oficial en que no hay que "limitarse a la notificación porque esto sonaba a uno de los hechos que tantas veces hemos intentado hacer" y que no tuvieron éxito.
"Entendemos que a esto hay que darle un corte definitivo y ese corte comenzó el día en que la Corte de La Haya dictó un fallo que hay que acatar" por lo que "no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer un fallo internacional", advirtió, aunque ratificó que "no se reprimirá".
Apenas conocida la sentencia del juez de Concepción del Uruguay para que se liberara el puente que lleva cortado por asambleístas tres años y siete meses, en la Casa de Gobierno y en la residencia de Olivos se analizó a fondo el accionar a seguir.
La decisión final fue adoptada en las primeras horas de la tarde y finalmente anunciada por Fernández.
Comentá la nota