Luego de firmar el acuerdo salarial anual con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que le garantiza paz gremial a partir de ahora, el Gobierno provincial quiere cerrar los conflictos que se mantienen abiertos en los hospitales públicos, y que son sostenidos por agrupaciones no alineadas al SEP, como Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y Enfermeras Unidas, entre otros.

Con ese objetivo, el Ministerio de Trabajo anunció que aplicará sanciones a los agentes públicos que “realicen medidas de fuerza por fuera de las entidades sindicales con personería jurídica”. “En el caso que se vieran afectados servicios públicos esenciales, la ley prevé sanciones, que pueden llegar hasta la cesantía y exoneración de los agentes que incumplan con sus prestaciones como empleados de la administración pública provincial”, advirtió la cartera laboral, a cargo del ex titular de la CTG, Omar Dragún.

La advertencia había sido formulada por la mañana por el jefe de Gabinete, Oscar González, luego de firmar el acuerdo salarial con el SEP, la Unión de Personal Superior (UPS) y Atsa.

“El Gobierno no tolerará protestas” por fuera de los gremios con personería, indicó González y dijo que la Provincia realizó un “importante esfuerzo” para otorgar el aumento salarial del 25 por ciento en tres tramos al sector público, que en el caso de los Equipos de Salud Humana llega al 38 por ciento.

Protesta en el Polo

Mientras González vertía estas advertencia, un grupo de trabajadores de distintos hospitales alineados a la UTS y a Enfermeras Unidas marcharon hasta el Polo Sanitario de la Bajada Pucará en rechazo al acuerdo salarial que se firmó. Las agrupaciones ratificaron las medidas de fuerza que sostienen desde hace seis meses. La UTS, liderada por el médico Carlos Altamirano, reclama que el aumento se pague en una sola cuota.