Luego de ocho días de protesta por parte de unos 35 desempleados, que sumaron a su lucha a los partidos políticos opositores a la gestión del intendente David Bravo y varios sindicatos -petroleros de Bahía Blanca y La Pampa, camioneros, Uocra y CTA-,el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá, viajó ayer por la mañana a la localidad ribereña donde se reunió en el Concejo Deliberante con unas veinte personas, entre las que estaban los representantes de los desocupados y referentes políticos y gremiales.

Durante el fin de semana, Pedehontáa se había comunicado con algunos de los líderes de los desocupados y, trascendió desde esa localidad, que también con el intendente Bravo, pero sus promesas no habían podido frenar el reclamo. El lunes, el corte sobre la ruta 151 a la altura de El Sauzal se extendió a otros dos puntos de la zona y en la localidad dos grupos antagónicos, uno que defendía a los manifestantes y otro que respaldaba al jefe comunal, casi se enfrentaron frente a la Radio Municipal. Después de días de pasividad, el gobierno tomó cartas en el asunto.

El encuentro.

Pedehontaá llegó con una oferta de mínima para destrabar el clima de tensión que se vive en 25 de Mayo. Y escuchó las quejas de los manifestantes y de los dirigentes de la Multisectorial. Uno de los desocupados relató cómo en un primer momento fueron utilizados por Bravo para cortar la ruta para presionar al gobierno provincial para que volvieran las regalías hidrocarburíferas a la localidad -suspendidas porque la intendencia no había presentado la documentación que acreditara cómo se gastaron esos fondos-. Luego, cuando el intendente logró que el gobernador Oscar Mario Jorge destrabara los dineros, el jefe comunal no cumplió la promesa de ubicarlos en puestos en empresas petroleras. Así fue que comenzaron con el nuevo corte.

También llegaron las quejas de los dirigentes políticos, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante, Miriam González, y del jefe de la unidad básica local del PJ, Juan Carlos Ponce, que indicaron que no son escuchados desde Casa de Gobierno en sus constantes reclamos sobre irregularidades en la gestión de Bravo.

Además se le retrucó al funcionario provincial que no se está cumpliendo con el 80 por ciento del cupo de puestos de trabajo en las firmas hidrocarburíferas para los veinticinqueños. Pedehontáa dijo que estaban los listados en la Subsecretaría de Minería para constatarlo, pero le explicaron que la mayoría son personas de otras provincias que han cambiado su domicilio a 25 de Mayo una vez que obtuvieron el empleo.

El acuerdo.

Finalmente, tras la reunión que duró desde las 9.30 hasta las 14.40, el subsecretario propuso la inmediata ubicación de 10 manifestantes en Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobras-Medanito, y la promesa de ingresar a otros 20 en el transcurso de los próximos 30 días. Los desempleados decidieron entonces levantar los cortes, y dieron el plazo de un mes para que se cumpla lo dicho por Pedehontáa, sino volverán a la ruta.

Los 10 puestos fueron cubiertos a través de un sorteo entre los manifestantes, y coincidió que los tres representantes del grupo que estaba en la sala, quedaron afuera. Además, otras cuarenta personas sin empleo se sumaron ayer al piquete sobre la ruta 151 y también pidieron ser incorporados al acuerdo. El compromiso fue que ellos serán colocados en las operadoras cuando se creé la nueva oficina de empleo.

La Multisectorial también logró otra victoria: el gobierno provincial decidió sacar la cuestionada Oficina de Empleo de la órbita municipal y crear otro organismo que será integrado y auditado por diferentes organizaciones del medio. La promesa fue que el gobernador Jorge firmará un decreto en este sentido, pero que el jueves a las 18, el subsecretario de Minería, Jorge Varela, se reunirá con los dirigentes de la Multisectorial para determinar la letra de esa normativa, y así evitar que otra vez haya protestas. La nueva dependencia se llamaría Oficina de Intermediación Laboral, dependerá de Minería y tendrá a su cargo el registro de demandantes de trabajo y el nexo con las petroleras en esa búsqueda.

Esta última medida fue una desautorización pública del gobierno provincial al intendente Bravo, ya que le sacó el manejo de los empleos en las firmas petroleras. El lunes a la noche, desde la comuna se envió a los medios de Santa Rosa una información en la que el intendente propuso "la paz social" y crear una empresa de servicios petroleros municipal. Finalmente, el gobierno provincial decidió enviar a un funcionario para destrabar el conflicto y este se reunió con los manifestantes y dirigentes opositores, y dejó de lado a Bravo.

“Negocios con la desesperación”

El vocero de los desocupados, Lucas Garro, destacó ayer a LA ARENA el acuerdo alcanzado con Pedehontaá y rubricado en un acta: “Si bien no llega a lo que pedíamos, por lo menos se abre una posibilidad de que se consigan esos 30 puestos en el corto plazo y, además, conseguimos que la oficina de empleo salga de las manos del intendente (David Bravo), quien no podrá seguir haciendo negocios con la desesperación de la gente por tener un trabajo digno”.

Hubo dos aspectos que no pudo convalidar el subsecretario de Trabajo, por exceder su competencia: los referidos a la renovación de los contratos petroleros y la derogación del decreto sobre las regalías petroleras a las municipalidades que impone condiciones a la hora de rendir cuentas sobre el destino local de esos fondos.

Garro, por su parte, resaltó la “flexibilidad” puesta de manifiesto por los desocupados y la “confianza” dada a Pedehontaá de que se cumplirán los compromisos. “Esperemos que en un mes todos los que estuvimos en los cortes tengamos trabajos y que el resto de los desocupados puedan tenerlo por vía de la oficina de empleo a cargo de Hidrocarburos; y cuando digo todos, también me refiero a las mujeres”.

El vocero de los desocupados veinticinqueños agradeció el rol jugado por los medios a nivel provincial en este conflicto, lo que permitió la confluencia en la lucha de sindicatos, partidos políticos y la Multisectorial.