El traspié con la polémica en torno del ministro Jorge Triaca convenció a la Casa Rosada de la necesidad de reforzar sus anticuerpos para evitar nuevos escándalos y retomar la agenda en materia de transparencia. El decreto que prohíbe el nombramiento de familiares de ministros en el Estado fue por reacción, pero la Jefatura de Gabinete planea generar una mayor autorregulación para evitar nuevos desgastes.

"El decreto de familiares en el Estado no será el último, seguiremos emitiendo normas en ese camino", aseguró ayer un alto funcionario de la Casa Rosada, cuando comenzó a bajar la espuma por el apartamiento de los parientes de los funcionarios de Cambiemos.

El Gobierno busca avanzar en dos tiempos. Por un lado, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso , le da las puntadas finales al proyecto de la ley de integridad, el nombre que se le dio a la nueva ley de ética pública. En paralelo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , le pidió "ajustar las clavijas" del Poder Ejecutivo al flamante secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, el primer "lilito" en llegar a la Casa Rosada.

Sánchez es el nuevo coordinador de la llamada "mesa de integridad" a la que se sientan Alonso; el titular de la Sigen, Alberto Gowland; el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eduardo Bertoni.

"La ley de ética conlleva un debate que va a demandar tiempo y, además, no será de fácil implementación porque abarca los tres poderes. El Poder Judicial y el Legislativo están mucho más atrasados, no está mal que de manera unilateral el Ejecutivo genere sistemas para autorregularse", dijo a LA NACION un miembro de esa mesa.

Renovación

En los últimos días, el Gobierno decidió que la Sigen renueve todas las unidades de auditoría interna de los ministerios. Históricamente, el titular de la Sigen tenía margen de maniobra solo sobre los "síndicos jurisdiccionales", el lazo con los organismos. Pero la designación de los auditores internos, aquellos que en la diaria chequean las contrataciones y los procesos, corría por cuenta de cada ministro.

Mauricio Macri Fuente: Archivo

Además, muchos síndicos y auditores quedaron de la gestión anterior. "Durante el kirchnerismo vieron a los elefantes pasar y no dijeron nada, no nos puede pasar", dijeron en la Sigen.

Días atrás, la Casa Rosada le dio a Gowland una herramienta clave, mediante un decreto que le permite designar y remover a los auditores internos, quitándole esa facultad a los ministros para evitar influencias indebidas. El objetivo es que el síndico general tenga una tropa fiable para que haya alertas antes de que escalen nuevos escándalos.

Gowland planea remover a varios auditores actuales (encabezan su lista los del Ministerio de Salud y de Defensa) y rotar a otros, al tiempo que busca llenar espacios vacantes como los que hay en los ministerios de Finanzas y Trabajo, dos áreas sensibles.

En paralelo, Laura Alonso testea un nuevo sistema de declaraciones juradas con un formulario más extenso para detectar no solo enriquecimientos injustificados, sino también potenciales conflictos de interés, el talón de Aquiles de Cambiemos. Realizará una prueba piloto en 2018 para tener una implementación plena en 2019, año electoral.

El proyecto de ley de integridad, en tanto, está en su etapa final. En el Gobierno aún no definieron si Macri enviará el texto al Congreso o si hará el pedido a los legisladores el 1° de marzo. Alonso publicará el borrador el 15 de febrero en dos portales públicos y una semana después, se invitará a un "taller" en Casa Rosada a representantes de los tres poderes para que el proyecto llegue con consenso. El borrador plantea que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia" e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado". Los funcionarios deberán desprenderse de acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área.

El proyecto oficial también apunta a la actividad después de la gestión. Los funcionarios salientes no podrán tener una relación contractual con la dependencia pública en la que se desempeñaban.

La prohibición de nombrar familiares en el Estado también figura en el proyecto de ley. Pero el Ejecutivo debió apurar esa medida por decreto.