El oficialismo decidió pasar de la advertencia a la acción en el conflicto provocado por el bloqueo de la designación de jueces por concurso para cubrir las vacantes del fuero Civil y Comercial. Ayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, volvió a acusar a los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura de realizar una maniobra para evitar que la presentación del Grupo Clarín contra la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios, sea resuelta por un "juez natural", y anticipó que Roberto Raúl Torti, designado el jueves por la Cámara para subrogar el Juzgado Nº 1 en remplazo del renunciante Raúl Tettamanti, será recusado porque entre sus antecedentes figura haber fallado a favor del monopolio en la Causa Fibertel. A la vez, trascendió que los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Helena Highton de Nolasco, citaron para el lunes a las 17 a los tres integrantes del Consejo de la Magistratura que representan a los magistrados: Ricardo Recondo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes, según informó el canal de noticias CN23. Aunque no trascendieron los motivos de la citación, la convocatoria se produce en pleno conflicto dentro del cuerpo creado para designar y analizar la conducta de los jueces, por lo que la reunión no parece responder al mecanismo habitual de consulta por el cual el máximo tribunal –ejerciendo funciones de superintendencia– suele coordinar acciones con el Consejo.

Alak llamó ayer a los cinco integrantes de la primera minoría del Consejo de la Magistratura a que "cesen en esta maniobra política de subordinación a los grupos económicos argentinos y aprueben el concurso número 258 para dar la posibilidad a los argentinos de tener jueces de la Constitución como lo están haciendo". El ministro volvió a cuestionar que la Cámara Civil haya designado jueces jubilados subrogantes, como Tettamanti y Torti, porque "tienen en común haber sido designados en la época de la dictadura militar, en 1981".

"Transitaron la Revolución Libertadora y la última dictadura militar, continuaron como jueces y además, por estar jubilados, tienen la ventaja de estar fuera de la posibilidad de ser sancionados por mal desempeño de funciones, como tampoco pueden perder el haber jubilatorio", explicó el titular de la cartera de Justicia.

En ese marco, Alak anunció que Torti será recusado por contar como antecedente haber fallado a favor del proveedor de Internet Fibertel, perteneciente al Grupo Clarín.

"Creemos que hay que recusar a un juez que ya preopinó en la Causa Fibertel a favor de Clarín y esto es un derecho que tiene cualquier justiciable de recusar a un juez que ya dio una opinión clara a favor de una de las partes". Fuentes judiciales señalaron a Tiempo Argentino que la recusación será planteada por la Jefatura de Gabinete de Ministros el lunes mismo, y tendrá como fundamento el antecedente mencionado por Alak de su participación en una causa cuya resolución favoreció al grupo que conduce Héctor Magnetto.

En cuanto a la designación rotativa de jueces, Alak remarcó que es "un sistema disparatado y perverso porque impide la recusación y que una persona sepa qué juez tiene su causa". En su denuncia, el titular de Justicia remarcó que la maniobra que impide que el consejo de la Magistratura designe cinco jueces para cubrir las vacantes en los juzgados "se perfecciona con el mismo actor", al referirse a Ricardo Recondo, miembro del Consejo de la Magistratura y vicepresidente de la Cámara cuestionada.

"Viene tomando decisiones que impiden que un juez natural tenga acceso al Juzgado Civil y Comercial Nº 1 y pueda resolver el fondo de la cuestión y las cautelares que presenta el Grupo Clarín", acusó.

Sobre la denuncia presentada contra María Lorena Gagliardi, candidata para ocupar la vacante en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 1, Alak señaló que es "una vil excusa para bloquear un concurso transparente", y responsabilizó al radical Oscar Aguad de "evaluar si había compatibilidad con los aspirantes y en tres años no hubo ninguna objeción". "Ahora, en una maniobra coordinada con la Cámara Civil a través del consejero Ricardo Recondo, no quieren aprobar el concurso", aseguró.

La decisión del gobierno de objetar la forma en que la oposición en el Consejo se abroqueló para proteger los intereses del monopolio también fue sostenida por el vicepresidente Amado Boudou: "Es muy grave que haya sectores de la política argentina que estén forzando una muralla contra nuestra Constitución para trabar el funcionamiento de las instituciones. Los mismos que hoy están trabando la designación de los jueces en el Consejo de la Magistratura tampoco quisieron votar el Presupuesto, por eso digo que no podemos permitir que haya diques que obstruyan el funcionamiento de la república", expresó. «

Un juez nombrado por la dictadura

Raúl Roberto Torti es titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 y desde el jueves subroga el juzgado número uno en el que tramita la causa sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley de Medios que fija la desinversión para aquellas empresas que excedan los límites que permite la norma.

Torti fue designado el 17 de noviembre de 1981 por medio del Decreto 1999 de la dictadura que lleva la firma del ministro de Justicia Amadeo R. Frugoli durante la breve presidencia de facto de Roberto Eduardo Viola. En la transición democrática ya durante el gobierno Raúl Alfonsín fue confirmado en el mismo juzgado.

El entonces ministro de Justicia Carlos Alconada Aramburu lo designó el 21 de mayo de 1984 a través del Decreto 1534, por el cual también se nombró a otros nueve jueces.

En esa lista estaban además otros protagonistas de la historia reciente como el camarista Civil y Comercial Federal Edmundo José Carbone y Raúl Orestes Tettamanti que la semana pasada denunció tras las acusaciones en su contra que planteó el ministro de Justicia, Julio Alak.

En su carácter de juez de Primera Instancia Torti intervino en el amparo presentado por la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC), una ONG integrada por abogados que tienen entre sus clientes al Grupo Clarín.

En aquella presentación la Asociación solicitaba que se dejara sin efecto la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel.