Cuando el próximo 21 de julio se inicie el juicio oral de la mayor causa por crímenes de lesa humanidad que se tramita en la provincia de Santa Fe, la causa Díaz Bessone (ex Feced), los emblemáticos ex jefes represores, los policías Rubén "Ciego" Lo Fiego, Mario "Cura" Marcote y Ramón Vergara, podrán llegar caminando, libremente, e ingresar al juzgado por la misma puerta que los testigos, muchos de ellos víctimas en los ’70 de los policías imputados.
Una resolución de la Cámara de Casación Penal dejó en libertad a los represores el pasado viernes 30 de abril cuando estaban detenidos en la Alcaidía de la Jefatura de policía rosarina. La orden de abrir la puerta a Lo Fiego y compañía fue cumplida de inmediato, pero la comunicación a las autoridades provinciales tardó más de 48 horas. Trascartón, sobrevino una purga en la plana mayor policial, aunque por otras razones.
Los organismos de derechos humanos, querellantes, testigos y víctimas, peor aún, se enteraron por los medios de comunicación. Nadie les notificó que Lo Fiego andaba suelto.
Preocupados por la mala noticia que produjo Casación, tres querellantes de la causa, la abogada Marta Bertolino, Alfredo Vivono y Elida Luna, llegaron hasta el despacho de Duhalde para interesarlo por la irregularidad. "Compartimos con Duhalde un concepto: estamos padeciendo todos esta Cámara de Casación", comentó Bertolino a La Capital, luego de la audiencia en el microcentro porteño.
La decisión de Casación de permitirle a Lo Fiego y los demás imputados enfrentar el juicio oral en libertad agrega más tensión, justamente en la misma provincia donde fue asesinada, en un episodio aún no aclarado del todo, la testigo de la causa Brusa Silvia Suppo.
"La libertad de los policías no tiene ninguna lógica, empezando por la posibilidad de fuga, que es una de las causas por la que se aplica la prisión preventiva", explicó Bertolino.
La causa Díaz Bessone investigará decenas de muertes y desapariciones ocurridas en el mayor centro clandestino de detención de la provincia, que fue el subsuelo de la ex Jefatura de policía, de San Lorenzo y Dorrego, en Rosario. Por allí pasaron unas dos mil detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos.
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