La empresa radicada en la vecina provincia pretendía un resarcimiento por supuestos daños y perjuicios en el reparto de pauta oficial durante la gestión Sobisch. La Provincia calificó de "antojadizo" el reclamo.
La firma que edita el diario Río Negro exigía en el reclamo administrativo que la provincia le pague 300 mil pesos por daños a su imagen, y una suma no determinada, aunque previsiblemente alta, por el perjuicio económico que le generó el reparto de publicidad oficial durante buena parte de la gestión de Jorge Sobisch.
Reclamo antojadizo
El Ejecutivo consideró a través del decreto 1619/11 que no existen fundamentos para el reclamo, al que calificó de “antojadizo”, aclarando que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que obligó a la Provincia a crear un marco de reparto de la pauta oficial) implica un pronunciamiento a favor de la libertad de prensa, pero no reconoce un derecho individual para la Editorial Río Negro.
Entre otros argumentos, la normativa explica que el otorgamiento de publicidad no representa un convenio tradicional, por lo que “la Editorial Río Negro no detenta contrato alguno por medio del cual la Provincia de Neuquén asuma la obligación de contratar determinado volumen de publicidad en forma semanal”.
Fallo
El fallo de la Corte Suprema obligó a la Provincia a presentar meses atrás un plan de pauta oficial y un marco legal especial para este fin. Curiosamente, la normativa hace alusión directa a los medios que abarquen la extensión territorial de Neuquén y Río Negro, pese a que se trata de una medida adoptada por el Gobierno de esta provincia.
El tema suscita varios debates paralelos, ya que la nueva normativa asoma como la respuesta obligada a una acción judicial pero no como resultado de un análisis profundo sobre la labor de los medios ni sobre de la necesidad o conveniencia de promover producciones y contenidos neuquinos.
Si bien la Editorial Río Negro -acostumbrada a mantener una posición dominante en la región- viene publicitando el resultado de su acción judicial como un triunfo de la libertad de prensa, -y seguramente en algún aspecto lo sea-, el reclamo rechazado y una probable acción judicial futura revelan cuáles son los intereses que motorizan algunos planteos principistas.
Lo anterior pudo verse con nitidez cuando promovió una acción de amparo contra el Ejecutivo Nacional por considerar que el decreto que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual es inconstitucional.

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