La encargada de hacer conocer la iniciativa fue la delegada del Gobierno central en Madrid, Cristina Cifuentes, quien aseguró que la ley actual es "muy permisiva y amplia con el derecho de reunión y manifestación".

Estas afirmaciones se suman a la presentación de una reforma del Código Penal que endurece las penas para determinadas acciones en el marco de manifestaciones, que realizó el pasado 14 de septiembre el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP).

En la misma línea discursiva, Cifuentes defendió ayer la idea de "modular" la norma para "racionalizar el uso del espacio público".

"No puede ser que en Madrid coincidan diez manifestaciones a la vez en el centro. Los comerciantes están desesperados", argumentó la delegada, tras detallar que este año ya se llevaron a cabo 2200 manifestaciones en la capital.

Las centrales obreras mayoritarias y cientos de organizaciones sociales volverán a manifestarse el 7 de octubre, mientras se estudia la convocatoria de una nueva huelga general en España antes de Navidad y el movimiento de los indignados lanzó una propuesta global para el 13 de octubre (13-O).

La dirigente del PP recibió fuertes críticas en los últimos días tras intentar instalar la idea de que las protestas contra el ajuste son "golpistas", al sostener que grupos "neonazis" participan del movimiento social que convocó la protesta "25-S. Rodea el Congreso". "El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", insistió ayer en declaraciones a Radio Nacional de España. No obstante, Cifuentes plantea la restricción del derecho de manifestación como una cuestión de orden público: "El derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el derecho a circular", para que "no haya incidentes", sostuvo. «