Un pre-acuerdo inicial se rompió esta semana, al rechazar la Asociación la prórroga de sesenta días que había solicitado el Poder Ejecutivo para saldar definitivamente e conflicto. El fiscal de Estado, Blas Meza Evans, indicó que hay una diferencia entre el monto mensual que significará el pago del acuerdo y que es ese el punto que se procura establecer con claridad antes de proceder al pago.

Como se sabe, el Gobernador, Martín Buzzi, mantuvo una reunión con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para lograr un acuerdo que ponga fin al litigio que se viene manteniendo en torno al pedido de reajuste de las remuneraciones a los efectos de equipararlas al promedio que perciben los magistrados y funcionarios en las provincias patagónicas, incluida La Pampa.

En este sentido, Buzzi también instruyó al ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñan y al fiscal de Estado, Blas Meza Evans para que continúen el diálogo iniciado para formalizar un convenio.

Al respecto Blas Meza Evans recordó que “la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial iniciaron en el año 2008 una acción de amparo contra la provincia del Chubut, con el objeto de lograr un reajuste de sus remuneraciones a los efectos de equipararlas al promedio que perciben los magistrados y funcionarios en las provincias patagónicas, incluida La Pampa”, explicando que “esta acción mereció hasta el presente un fallo de Cámara que hizo lugar parcialmente a la apelación presentada por la provincia contra el fallo de primera instancia”.

En este sentido, el fiscal de Estado señaló que “la sentencia de segunda instancia resolvió ordenar al Superior Tribunal de Justicia, en ejercicio de sus funciones, que fije las retribuciones de los jueces y funcionarios tomando como base mínima las remuneraciones que abona la provincia de La Pampa”.

En este marco, Blas Meza Evans indicó que “este fallo no se encuentra firme, dado que ha sido apelado por la provincia del Chubut y además del mismo no surge ninguna suma determinada que torne ejecutable a la sentencia”, por lo cual y pese a ello el Gobernador Buzzi se reunió con miembros de la Asociación para poner fin al litigio e iniciar el diálogo para formalizar un convenio.

Es importante señalar que en la primera reunión mantenida con la Asociación, ésta manifestó que el cumplimiento de la sentencia aun en discusión, implicaba un costo mensual de tres millones de pesos; mientras que en la segunda reunión que se mantuvo, rectificaron la información que habían brindado e indicaron que en realidad el costo mensual del ajuste se elevaba a seis millones de pesos.

En este sentido, Blas Meza Evans dijo que “esta disparidad de montos llevo a que con intervención del Ministerio de Economía se determinará que el costo mensual total de futuro incremento solicitado por la Asociación ascendía a la suma de siete millones de pesos mensuales”.

Ante estas diferencias el Gobierno invito a una nueva reunión a la Asociación de Magistrados en esta semana a los efectos de conformar una comisión bilateral.

“La misma tenía por objeto trabajar en la determinación del porcentaje de incremento a aplicar a partir del primero de enero, teniendo en cuenta que el fallo no contiene ninguna pauta precisa. Por ello era necesario relevar las remuneraciones actuales de las restantes provincias patagónicas y para lograr responsablemente dentro del plazo de 60 días una mayor claridad sobre los montos definitivos y su impacto presupuestario” dijo Evans.

La Asociación fue invitada a suscribir un convenio en donde quedo explicitada la voluntad del Gobierno de avanzar en la resolución del conflicto y de cumplir el fallo judicial, aun cuando no se hubieren agotado las instancias procesales.

A pesar de la clara determinación del Gobierno de arribar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto, el presidente de la Asociación comunico que no seguirán las negociaciones.

Pese a ello tanto el ministro de Gobierno, Javier Touriñan como el fiscal de Estado, Blas Meza Evans recibieron instrucciones del Gobernador Buzzi para que intenten retomar las negociaciones ratificando su voluntad de poner fin a la situación del conflicto.