El punto es que los 10 millones de pesos para los cuales se está pidiendo autorización generan ruido en la Legislatura y piden saber en qué se gastarán. En especial después de conocerse los abultados sueldos que cobran los gerentes de Obras Sanitarias, algunos de los cuales llegan a los 20 mil pesos.

Pero para Javier Montoro, el titular del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS), no existe posibilidad de separar en dos ese decreto. Es decir que si hay extensión de la intervención, también debe haber autorización para gastar 10 millones. Y en esto fue tajante y se animó a confirmar que no hay plan alternativo, por lo que si no se autoriza la extensión de la intervención, la empresa puede volver a manos de los concesionarios, los mismos que la llevaron al colapso.

Si bien la amenaza forma parte de la estrategia política, porque la empresa no podrá volver a manos de los privados, sirvió de mensaje para la oposición, esa misma que le reclamó a Jaque que extendiera hasta fin de año la intervención de la empresa. Es más, se analiza en los pasillos del Ejecutivo cómo endurecer la estrategia jurídica para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a la provincia.

Hoy, los enviados de Jaque se reunirán con los legisladores, y será el propio interventor quien informe detalladamente en qué se gastarán los 10 millones. Lo único que se sabe es que se necesitan para obras y gastos corrientes, pero no hay detalles de cuáles. Mientras, para el jueves el gobernador ha citado al Consejo de la Intervención de Obras Sanitarias. Es para analizar detalles de la auditoría.