El Gobierno quiere impulsar modificaciones al decreto 699

El gobernador Luis Beder Herrera afirmó ayer que la provincia tiene que firmar un convenio específico "donde se aclaren ciertos puntos que pueden ser malinterpretados", del decreto 699 de la Presidencia de la Nación, que otorgó una nueva prórroga al régimen de Promoción Industrial.
La norma fue dictada por el Gobierno nacional el pasado 20 de mayo, y es parte del Acta de Reparación Histórica que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en estos días se generaron diferentes opiniones sobre los alcances de la misma.

En declaraciones formuladas previo al acto central por el día de los Jardines de Infantes, que se conmemoró ayer, el mandatario confirmó que dentro de pocos días, la provincia firmará con la Nación un convenio de adhesión específico a la Promoción Industrial, en el que se aclararán algunos puntos.

De todas maneras, Beder Herrera advirtió que "hay un ataque de otras provincias a La Rioja porque se le dio esta prórroga de la Promoción Industrial". En tanto que ratificó que estos beneficios impositivos para las empresas radicadas y a las que vengan en el futuro a la provincia, otorgados por la Nación "son de estricta justicia".

Gestiones

La "malinterpretaciones" a las que se refirió el gobernador, fueron adelantadas por la Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, que el jueves anunció que la semana próxima se realizarán diversas gestiones y reuniones para avanzar en la modificación de algunos puntos del decreto 699/10.

El titular del área, Miguel De Gaetano, resaltó que "si bien la norma tal como salió necesita de trabajo y ajuste de detalles, hay que reconocer que hace dos años no había siquiera una posibilidad que la Nación tomara en consideración analizar la prórroga del régimen de Promoción Industrial y hoy es una realidad".

De Gaetano precisó que esta nueva norma se puede dividir en tres grandes aspectos, por un lado la prórroga de los proyectos ya existentes, luego la ampliación de las empresas que ya están radicadas y por último la instalación de nuevas empresas.

En el primer caso el decreto 699/10, señala que se hará la extensión del régimen de los proyectos en marcha con una alícuota del 45 por ciento, poniendo como condición que respeten la cantidad de personal que tenían al año 2009. Pero dentro de la letra del decreto hay cuestiones que se prestan a confusión, como los artículos 1 y 3, que establecen las sanciones que podrá aplicar la AFIP sino cumplen con este requisito.

En tal sentido De Gaetano explicó que este decreto entrará en vigencia con la firma de un convenio de adhesión, en el que La Rioja impulsará modificaciones para que sea también de interpretación y poder solucionar estas diferencias y ejemplificó que un caso de pedido de modificación será que este 45 por ciento de alícuota sea a partir de que las empresas adhieran al convenio, en el 2010 y no en el 2009 como está estipulado.

El secretario señaló, en cuanto a las ampliaciones que realicen las empresas ya radicadas, con una nueva inversión para realizar un mismo producto o ampliar la cadena de valor con nuevos productos del mismo rubro serán alcanzadas con los artículos 8 y 9 de la Ley 22.021 que habla sobre la desgravación de IVA e impuesto a las ganancias, y se aplicará la escala prevista en el artículo 2 de la misma ley, que son los 15 años de desgravación, con la particularidad que le ponen fecha límite para que se pongan en marcha estas inversiones hasta el 31 de diciembre de 2012. "Este punto, salvo alguna modificación de algún detalle en cuanto a su interpretación, es lo que más atractivo resulta para las empresas ya radicadas en la provincia", sostuvo.

En lo que hace a la radicación de nuevas empresas, el decreto tiene como beneficio al 40 por ciento de la masa salarial que tenga cada proyecto, lo que sólo alcanza en el mejor de los casos a cubrir los costos de deslocalización de las nuevas empresas.

Por ello se trabajará para solicitarle a la Nación que en este caso también se aplique directamente lo estipulado por la ley 22.021, que establece un cupo de créditos fiscales para ser aplicados a los nuevos proyectos y el régimen de desgravación impositiva en 15 años y de no ser posible se avanzará en la posibilidad de que ese 40 por ciento se eleve a un 60 u 80 por ciento y además se prevean incentivos sobre el total de las inversiones que realicen las empresas.

Comentá la nota