En ese marco, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, aseguró al término de la reunión: “Han vuelto a insistir en que les bajemos las jubilaciones a los cordobeses, en que abandonemos el 82 por ciento sobre el salario bruto, y no lo vamos a hacer”, y ante una pregunta específica deslizó que esa propuesta había sido formulada por “los dos funcionarios” del Gobierno nacional que estuvieron en el encuentro, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la Anses, Diego Bossio.

No es la primera vez que funcionarios nacionales dejan trascender el condicionamiento de “armonizar” las jubilaciones para saldar la deuda con Córdoba, sobre todo a partir de que la provincia abandonó el pacto fiscal de 1992, por el cual las provincias ceden el 15% de fondos coparticipables a la Anses.

La Casa Rosada estaría buscando que todas las provincias adopten el marco regulatorio nacional, por lo que podrían peligrar también los haberes de los jubilados bonaerenses, cuestión que se agudizaría si el gobernador Daniel Scioli llegara a reclamar los fondos que las provincias aportan a la Anses (ver aparte).

Cabe destacar que en un contexto de una supuesta “armonización” de los sistemas jubilatorios, los pasivos bonaerenses perderían los beneficios que tiene el marco previsional provincial, produciendo un ajuste directo en las jubilaciones (ver aparte).

“No estamos pidiendo ayuda”

De la Sota defendió su postura dialoguista y, dirigiéndose a Cristina Fernández, expresó: “Este es nuestro espíritu que no va a cambiar y espero que usted lo comparta, señora Presidenta. No es tarde para ponerse de acuerdo cuando uno piensa en la gente y deja de lado vanidades”.

“No estamos pidiendo ayuda económica, queremos cobrar lo que nos deben. No somos conspiradores ni destituyentes, tampoco enemigos del Gobierno nacional ni estamos en una pulseada por el poder”, remarcó.

Al respecto, aseguró que la presencia de Córdoba en la Corte no es por decisión propia, sino porque la Nación le cerró las puertas al diálogo.

“Los cordobeses le prestamos a la Nación más de mil millones de pesos en el último año y medio y Córdoba quiere recuperarlos en paz. Hay un convenio firmado que el Gobierno nacional firmó con la mano y ahora pretende borrar con el codo”, afirmó el mandatario cordobés refiriéndose al acuerdo firmado por el exgobernador Juan Schiaretti en 2009 y el Gobierno nacional.

Las absurdas excusas de los K

Los funcionarios del Gobierno nacional que salieron a responderle a De la Sota no hicieron otra cosa que desplegar una serie de acusaciones sin abordar el problema de fondo, al tiempo que negaban la existencia de una “deuda con la provincia”.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que el gobernador cordobés se “comportó más como un caudillo provincial que como un gobernador que articula políticas en bien de los cordobeses”, mientras que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró: “El Robin Hood al revés, José Manuel de la Sota, lanzó su pretendida campaña presidencial desde la Corte”.

Ante esto, el mandatario provincial respondió: “El camino es el diálogo, el respeto, el consenso, el acuerdo para beneficiar a los ciudadanos”.

“Los argentinos y los cordobeses se merecen que, si hay una diferencia, el camino sea el diálogo, todavía hay tiempo para alcanzar un acuerdo”, aseguró el gobernador, al tiempo que pidió “dejar de lado cualquier tipo de vanidad”.

Por otra parte, retrucó que “sería mejor que les paguen a los jubilados nacionales lo que se cobra en Córdoba, el 82% móvil, en vez de pedirnos a nosotros que bajemos las jubilaciones”.

El insostenible pacto fiscal de 1992

El pacto fiscal de 1992 estableció una cesión del orden del 15% de fondos coparticipables para financiar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que comenzó a operar en julio de 1994. Cuando el sistema previsional regresó al Estado, en 2008, ese acuerdo debió haber cesado, ya que las circunstancias por las que había sido creado cambiaron totalmente. Esto le hubiera permitido al gobierno bonaerense obtener sólo en 2012 unos $ 5.200 millones adicionales a su presupuesto.

La Corte Suprema se estaría por expedir sobre el caso puntual de Santa Fe, que ya reclamó judicialmente dichos fondos, y la resolución generaría un importante precedente para el resto de las provincias.

Lo que pierden los bonaerenses

El diputado Walter Martello (CC-ARI), uno de los autores de la presentación ante la Corte para reclamar los fondos de la Anses de la Provincia, explicó a Hoy que “una de las ventajas que tiene Buenos Aires y por lo que a su vez es doblemente discriminada es que atiende su propia caja de jubilaciones. Con lo cual, a Buenos Aires se le van a retener en el año 2012 unos 5.222 millones de pesos para aportar a la Anses, pero no se le devuelve un solo recurso para sus jubilaciones”.

“Lo que está en juego es que la retención del 15% de fondos que aportan las provincias a la Anses es a todas luces arbitraria”, destacó Martello, y agregó: “Hemos presentado un proyecto junto a todos los legisladores de la oposición para salir del pacto fiscal”.

Buenos Aires se quedaría sin la movilidad, en caso de “armonizar”

El Gobierno nacional podría reclamarle a la Provincia la aplicación del convenio 400/04 firmado por el expresidente Néstor Kirchner y el exgobernador Felipe Solá, por el cual se deberían “armonizar” los marcos regulatorios previsionales.

El problema es que los jubilados bonaerenses saldrían perdiendo. “La movilidad en la Provincia es automática a los 60 días de producirse el aumento en la remuneración al activo en el cargo. Es decir, si uno se jubila con un cargo, y al activo que está en ese cargo le aumentan, a los dos meses le tienen que aumentar al jubilado en la misma proporción: si le aumentan un 20%, le tienen que dar un 20%”, destacó a Hoy Miguel Pouzo, de la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional bonaerense.

“Es lo más importante que tenemos en el sistema provincial”, aseguró, ya que “en el marco nacional, hay un sistema de movilidad que se hace dos veces por año, y el aumento no está vinculado al cargo en que uno se jubiló. Todo depende de un sueldo promedio y también de la recaudación, es una fórmula polinámica en la que la suba es mucho menor al sistema de la Provincia. Porque el aumento se da según un promedio de todo, no del cargo que uno tenía. Y el otro tema es que se aumenta según el aumento de la recaudación, a lo que ingresa a la Anses. Si en ese período no hubo aumento de la recaudación, no se aumenta nada. Hay una diferencia notable con la Provincia”.

“Otro tema es que en Buenos Aires no existen topes. Por ejemplo, en Nación las jubilaciones topes están más o menos entre los 13 mil y 15 mil pesos, más que eso no se puede pagar. Acá en la Provincia no es así. Acá no hay ningún tope, todo depende del cargo con el que uno se jubiló y el valor que tiene el cargo hoy en día”, explicó Pouzo.

Por último, destacó que el único punto beneficioso sería para el sector activo, dado que en el sistema previsional nacional el trabajador en actividad aporta menos que en el sistema provincial. “La diferencia es de tres o cuatro puntos”, aseguró.