En un insólito giro, el Ejecutivo acusa a su propio ex subsecretario de Seguridad al inicio de la gestión Jaque. La UCR se lo pidió.
El ex policía, que acompañó en esa cartera al demócrata Juan Carlos Aguinaga, en el arranque de la gestión del malargüino, fue imputado por la justicia federal por asociación ilícita al haber participado en el aparato de represión del D 2, durante la última dictadura militar.
La Unión Cívica Radical, una permanente y dura crítica de la gestión en materia de seguridad del actual Ejecutivo provincial, había salido a la palestra reclamando que se presentara como querellante en la causa contra el ex subsecretario de Seguridad.
Además, aprovechó el momento político electoral y consideró que todo el gabinete provincial, incluido el candidato del justicialismo a la Gobernación, Francisco Pérez, debían presentarse ante la Cámara Federal "para aportar todos los datos necesarios a fin de que se esclarezca el caso, ya que este señor ( haciendo alusión a Rico) fue subsecretario de Seguridad de Jaque".
La presentación de la Provincia como querellante permitirá que desde el sector oficial se presenten pruebas. La decisión del Ministerio de Gobierno está avalada por el decreto 264/08.
Pero además por decreto, el gobernador Jaque delegó en la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini y en el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, la decisión de que Mendoza se sume como parte acusatoria en la investigación contra el ex subsecretario de Seguridad.
Mientras tanto, el abogado Pablo Salinas, uno de los principales cuestionadores de la presencia del comisario Rico en el Gobierno, calificó como "perfecto" que el Poder Ejecutivo se presente como querellante.
Salinas, que durante la gestión de Aguinaga y Rico se desempeñaba como director de Derechos Humanos, agregó que siempre denunció la situación de Rico. "Siempre le pedí a Jaque que le solicitara la renuncia y me mantuve en el cargo hasta que le pidieron la dimisión y renunció junto con Juan Carlos Aguinaga y luego me fui yo del Ejecutivo".
"Me había mantenido en el gobierno para exigir la renuncia de Rico, que estaba sospechado de participar en delitos de lesa humanidad. Recuerdo que tanto Diego Lavado como yo acompañamos la manifestación en la que participaron unas 5.000 personas exigiendo la renuncia de Rico", terminó Salinas.
Por su parte, Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de resolución por el cual se adhiere a las acciones que realice el Gobierno, en orden a constituirse como querellante en el proceso en el que se imputan delitos de lesa humanidad a Carlos Rico Tejeiro.
Es importante recordar que cuando estalló el escándalo por la presencia de Rico en el Gobierno, Jaque y sus ministros defendieron al funcionario que ahora, en plena campaña electoral, acusan de violar los derechos humanos.
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