Papel Prensa es una firma privada de la que son accionistas los diarios Clarín y LA NACION y el Estado nacional, y que produce el principal insumo para 170 periódicos del país.

Durante 30 años, el Estado y los accionistas privados convivieron armónicamente, incluso durante la actual administración, hasta que hace seis meses el Gobierno decidió arremeter contra los medios.

Desde agosto pasado, y en forma paralela a la estrategia que despliega el Poder Ejecutivo para controlar los canales de televisión y radios, especialmente a través de la ley de medios audiovisuales, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, viene desarrollando un ataque para apoderarse de la papelera.

A fines de 2009, el Gobierno desplazó a los titulares de la Comisión Nacional de Valores y de la Sindicatura General, tras lo cual el primero de los organismos denunció supuestas irregularidades de carácter formal en una reunión de directorio que tuvo lugar en noviembre último.

Hace una semana, el juez comercial Eduardo Malde, haciendo hincapié en dichas acusaciones, nombró en la empresa a un interventor con funciones de coadministrador, que convive con el directorio.

Ayer, Moreno querelló a los representantes privados del Directorio y del Consejo de Vigilancia, por supuestos delitos, porque la empresa no se ajusta a las resoluciones de la CNV, que en rigor cuestiona en la Justicia.