que habían registrado un desproporcionado aumento durante la anterior gestión de Hermes Binner -el diputado provincial peronista Roberto Mirabella había declarado a este diario que en esos 4 años se incorporaron 11.000 empleados a la provincia, una gran parte en cargos jerárquicos-, y que incluso siguieron incorporándose en el comienzo de la actual gestión.

La Provincia necesita recursos, y en forma urgente, para lo cual acude a la denominada "reforma tributaria" que alcanza a subas en una amplia diversidad de impuestos -las subas en el impuesto inmobiliario rural en estudio van desde el 50 al 500 por ciento-, pero carece de mayoría en ambas cámaras legislativas, por lo cual para acceder a las subas que necesitan aprobación en esos ámbitos, deberá ajustarse a algunas condiciones.

Varios legisladores del justicialismo han anticipado que no serán ellos los que pongan obstáculos para gobernar, e incluso admiten que es justificado el aumento de algunos impuestos que han quedado muy postergados, pero en cambio se oponen al aumento de otros. Todo es cuestión de hablar, aunque desde el Partido Justicialista en general, se pone como condición esencial que el gobierno de Bonfatti deje bien en claro qué destino se les dará a los nuevos recursos, y además, que ofrezca un detallado panorama de los actuales gastos corrientes, que según se dice desde la oposición, en estos años han tenido un desmedido aumento. Y no quieren que sigan incrementándose, por lo cual se hace necesario un estricto control.

Anticipándose a esta situación, desde el gobierno de Bonfatti ya se dejó trascender que se iniciará un fuerte plan de contención de gastos corrientes, los de funcionamiento. La decisión -según lo comenta en la edición de ayer La Capital- "es una respuesta al abanico de críticas de la oposición por algunas iniciativas del Ejecutivo, en el marco de algunas capítulos de polémica por los desembolsos en diferentes áreas. El ministro de Economía, Angel Sciara, incluso, tuvo que salir a negar que la provincia planee endeudarse para afrontar la nueva política salarial recientemente acordada con los gremios que nuclean a empleados públicos. "Endeudarse para gastos corrientes es inaceptable", dijo el funcionario.

Desde la Casa Gris se dijo que el plan de contención y reestructuración del gasto corriente es "a los fines de minimizar los impactos que puedan tener las fluctuaciones de la recaudación de los recursos sobre la economía provincial durante el año en curso. Con el objetivo de establecer un mayor control del gasto, se dispuso un plan de adecuación que contempla, entre otros aspectos, el congelamiento de los gastos de funcionamiento a los valores de 2011, tanto de los ministerios como de los organismos del Estado".

Se prevén cambios en el servicio de telefonía celular que además de disminuir los costos (con topes máximos), permitirán un mayor aprovechamiento del servicio mediante el sistema de pooling: al final del mes se podrán combinar los minutos libres que no fueron utilizados por un usuario con los minutos excedentes de otro usuario.

"Se pudo saber que" se centralizarán las partidas presupuestarias de la comunicación (línea fija, línea móvil, Internet y 911) en una sola dependencia (Comunicaciones). De esta manera, se prevé bajar el consumo en un 20 por ciento". Por otro lado, las medidas también abarcan una restricción en los contratos de locación de servicios, con previa autorización del gobernador. Para los nuevos contratos, en tanto, se fijará un valor de referencia que comprenderá a todos los ministerios del gobierno. De la misma manera, será restringido el otorgamiento y la renovación de nuevas pasantías", sostiene la nota.

Respecto al revuelo causado por las "contrataciones en la EPE (Antonio Ciancio, admitió que su hijo trabaja en esa empresa), la Casa Gris parece dispuesta a emitir un gesto político que, además, ayude a disipar dudas sobre la problemática de los gastos corrientes y la ausencia de un volumen de caja que permita mirar despejado el horizonte".

SIN VIATICOS

"Serán eliminados los viáticos para funcionarios dentro del territorio nacional. En cuanto a los viáticos dentro de la provincia —sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los gastos en que estos incurren para el cumplimiento de sus funciones a más de 50 kilómetros de su sede habitual de trabajo—, sólo se abonan a los empleados de planta, ya que durante la gestión de Hermes Binner se dejó de pagar a los funcionarios", precisaron.

Otra de las medidas que sorprende es la restricción de viajes al exterior. "A partir de abril, eso será para todos los funcionarios políticos del sector público provincial, salvo excepciones que autorice el gobernador".

ELECTRONICO

En cuanto a los gastos de movilidad -dice el diario rosarino- se propicia la gestión de un servicio de pago electrónico para consumo de combustible con destino a la totalidad de los vehículos que conforman el Parque Automotor Provincial y que se encuentran comprendidos dentro del denominado Sistema Único de Movilidad, con las excepciones de la policía y las empresas estatales. "Se tramitará una tarjeta recargable, a través del agente financiero de la provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., que requerirá para su utilización de un depósito previo en una cuenta para la cuál la tarjeta será habilitada".

Las medidas que se tomarán constituyen el primer paso tomado por Bonfatti para limitar el gasto, atento no sólo a las críticas que se formularon por contrataciones en el área de Cultura (cuyo epicentro fueron los montos pagados a Fito Páez y a Vicentico) sino también a una perspectiva económica que, en la Nación y en las provincias, podrá tener altibajos respecto a otros años.

Otra de las medidas tiene que ver con la adquisición de bienes de capital que realizan las jurisdicciones, para lo cual se establecerán criterios restrictivos acerca del tipo de compra que se puede realizar.

Si bien no se dijo desde la Gobernación santafesina qué porcentaje del gasto corriente se disminuirá con esta batería de medidas, se refleja claramente la intención de reaccionar frente a las ola de críticas opositoras, pero también la de establecer prevenciones -y prioridades- a la hora del recorte.