El juez había pedido precisiones sobre el plan "Patrullas Juveniles" lanzado hace una semana y que arrancó en una primera etapa en esta ciudad.

El recurso elevado a la Corte bonaerense estuvo a cargo de los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y de Desarrollo Social, Baldomero Alvarez de Olivera, quienes habían sido los destinatarios de la solicitud judicial, promovida por el Defensor del Fuero Juvenil, Julián Axat.

Casal y Alvarez de Olivera consideraron que el juez Arias carece de competencia para "convalidar o no" la implementación del nuevo programa y dijeron que "se asume como portador de potestades propias del Gobernador, elegido democráticamente por el voto mayoritario de los ciudadanos bonaerenses".

"El magistrado pretende imponerle al Ejecutivo la obligación de brindarle explicaciones sobre una política reservada a su competencia y, como tal, sólo controlable en el marco de un caso que abra regularmente la competencia del Poder Judicial", explicaron los funcionarios.

El Defensor Axat, al citar fallos judiciales firmes que impiden la detención arbitraria de menores en el departamento judicial de La Plata, para averiguación de antecedentes, alertó acerca de que esa medida "podría ser eventualmente vulnerada" por las "Patrullas Juveniles".

En consecuencia, requirió al juez Arias que pidiera al Ejecutivo una serie de informes sobre los alcances del plan oficial como, por ejemplo, datos completos de las personas que conforman dichas unidades "y que capacitación acreditan en la materia".

Arias dio curso al pedido y dictó una resolución, pero el gobierno bonaerense se negó a proporcionar esa información alegando que el juez Arias "carece de la competencia especial que la materia requiere", por lo que planteó un "conflicto de poderes" que se tramitará ante la Suprema Corte.

Los ministros explicaron a la Corte que el programa cuenta con cuatro móviles para la "prevención y asistencia juvenil" en La Plata y que no utiliza mecanismos de aprehensión o arresto, sino otros métodos para abordar situaciones de conflicto entre jóvenes que impliquen riesgos para sí o para terceros.

Aclararon, que los funcionarios policiales se encuentran capacitados para el trato con niños y adolescentes, sólo tomando intervención en la medida de lo necesario, teniendo actuación preponderante el operador del Ministerio de Desarrollo Social.