El Poder Ejecutivo promulgó hoy el paquete de leyes que la oposición bautizó como "de desabastecimiento". Con la publicación en el Boletín Oficial, el kirchnerismo reglamentó la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que incluyó la modificación de la vieja legislación de Abastecimiento.

También reglamentó la creación de un Observatorio de Precios y la puesta en marcha de un fuero en la justicia federal. Todos los decretos llevan las firmas de la presidente Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Justicia, Julio Alak.

La aprobación de la legislación, que ya había encendido una fuerte polémica, se logró ayer (de madrigada) con 130 votos a favor, 105 votos en contra y 5 abstenciones. Tras esa sanción, desde el grupo denominado G6 advirtieron que recurrirán a la Justicia.

En este sentido, ayer el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, vaticinó que a partir de la aplicación de la nueva Ley de Abastecimiento "va a haber cataratas de amparos en toda la Argentina".

El miércoles, durante la larga sesión en la Cámara baja para el tratamiento de esta ley, la diputada kirchnerista Diana Conti admitió que la norma podría utilizarse para multar el acopio de granos. Esta declaración encendió la alarma entre el empresariado. "A todas luces viola la Constitución nacional", denunció el dirigente agropecuario y advirtió que con la sanción definitiva se dio un "paso más al '¡exprópiese!' de Hugo Chávez".

Desde la oposición, en tanto, los precandidatos Sergio Massa (Frente Renovador) y Hermes Binner (Frente Amplio Unen) coincidieron en que si acceden al Gobierno impulsarán la "derogación" de la norma. En cambio, Ernesto Sanz sí fue más tajante y vehemente, al ser el primero que anunciara, que vetaría la ley en caso de gobernar en 2015.

El senador Juan Carlos Romero también sumó críticas contra la norma. El salteño sostuvo que "la ley es un mamarracho. Como ya sucedió en Venezuela, esta ley generará más pobreza y mayores penurias a los argentinos, al anular la inversión productiva".

Asimismo, advirtió sobre los perjuicios que acarreará su aplicación: "Traerá desabastecimiento de productos de la canasta familiar, aumentará los precios y provocará despidos, en especial en las pequeñas y medianas empresas y en los comercios". Y reclamó que el gobernador Urtubey no aplique la ley en territorio salteño.

Los puntos principales de los tres proyectos de ley

La autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo puede "intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios".

En caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa habrá el pago de una compensación "justa y oportuna".

Finalmente, se excluyó a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley "siempre que no detenten una posición dominante en el mercado".

La autoridad de aplicación deberá requerir "previamente autorización judicial" para aplicar sanciones como la "inhabilitación especial" o la "clausura temporal".

La autoridad de aplicación podrá imponer una clausura inmediata de hasta tres días, sin embargo, si quisiera extender esa sanción por hasta un mes, también deberá pedir permiso a la autoridad judicial.

Se consideró "inconveniente" obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto.

El Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.