El Gobierno prioriza la estrategia de recuperar el 15% de coparticipación

El Gobierno prioriza la estrategia de recuperar el 15% de coparticipación
Representa unos 1.000 millones de pesos anuales. Busca el aval legislativo.
En la jornada de ayer volvió a estar sobre el tapete el reclamo del 15 por ciento de coparticipación federal que se retiene a las provincias desde hace 20 años, para financiar a la por entonces deficitaria Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Esa situación ha cambiado notoriamente: desde la reestatización del sistema jubilatorio, la Anses ahora es superavitaria y funciona como caja de financiación no sólo para el pago de jubilaciones sino para solventar varios planes sociales del Gobierno nacional.

Frente a ese panorama, las provincias (algunas de ellas, para mejor decirlo) reclaman, consecuente, la devolución de ese 15% que en 1992 aceptaron ceder solidariamente al Estado nacional.

Por ello el Gobierno provincial juega todas sus cartas a una campaña por recuperar ese 15%. En función de ese objetivo, es probable que inicie una acción de seducción sobre los monobloques y los partidos provinciales, para que lo apoyen en este reclamo a la Nación, así como lo apoyaron en la solicitud de créditos para los municipios, para obras de infraestructura y para la construcción de viviendas.

Esos proyectos crediticios, como es sabido, encuentran un freno en la actitud de rechazo de la oposición en la Cámara de Diputados.

TODAS LAS

FICHAS AL 15

Sin bajar los brazos en este sentido, el oficialismo sin embargo dejó en un segundo plano la "cuestión crediticia" y ahora pone todas sus fichas en la devolución de aquel 15%, que representa una interesante suma de 1.000 millones de pesos anuales.

Por ello alentará decididamente el tratamiento del proyecto de ley de Noel Breard, que denuncia aquel Pacto Fiscal del '92 y propone el fin de su vigencia, abriendo el camino para que la provincia pueda recuperar los fondos reclamados. Algo similar instrumentó recientemente el Gobierno de Córdoba.

Es obvio que un reclamo sustentado en un instrumento legislativo tiene más peso cualitativo que una mera gestión administrativa del Ejecutivo provincial. La forma en que este proyecto sea tratado en la Legislatura correntina, principalmente por el lado de la oposición, le servirá al Gobierno de test, de paso, para saber cómo le irá al momento de tratar la cuestión de los créditos.

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