El representante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, no sólo presentó ayer su pedido de investigación sobre la actuación del juez federal Daniel Rafecas en torno a la causa judicial que tiene en la mira al vicepresidente, Amado Boudou, sino que también tomó medidas en un expediente que formalmente todavía no está abierto.

"Esto es una farsa. El Consejo de la Magistratura no es un órgano del Partido Justicialista o del kirchnerismo. Es una institución de la Constitución", se quejó el senador radical Mario Cimadevilla, representante de la oposición en el organismo. Los consejeros opositores manejaban anoche el dato de que se le había tomado declaración al abogado Diego Pirota, defensor de Alejandro Núñez Carmona, el amigo del Vicepresidente también investigado por presunto delito en el salvataje de la empresa Ciccone Calcográfica.

Fuentes del organismo confirmaron luego ese dato. Con la anuencia del presidente del Consejo, el académico Manuel Urriza, alineado con el kirchnerismo, Ordiales logró que se incorpore al expediente una declaración tomada ayer mismo a Pirota. Según pudo saber este diario, Pirota habría aportado mensajes de texto intercambiados con Rafecas a través de sus teléfonos celulares.

El reglamento del órgano encargado de seleccionar y evaluar el comportamiento de los jueces dice que cuando ingresa una denuncia contra un magistrado, ésta pasa primero a la presidencia del organismo y luego a la comisión de Acusación y Disciplina, donde se sortea qué consejero instruye el expediente. En este caso, todos esos pasos recién empezarán a darse hoy. De esta manera, sería ilegal la incorporación del testimonio del abogado.

La denuncia formulada por Ordiales, representante directo de la Presidenta en el Consejo, es breve, reproduce las graves acusaciones formuladas por Boudou el jueves pasado, incorpora recortes periodísticos y pide que se analice la conducta de Rafecas. El juez fue defendido desde diversos sectores y ayer recibió el respaldo explícito de la Asociación de Magistrados, que ya había hablado a través de su presidente, Luis Cabral.

El propio Boudou presentó también ayer una denuncia en los tribunales federales contra el estudio de la familia del procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. Fue para contrarrestar las denuncias que también presentaron legisladores opositores por no haber denunciado en su momento los eventuales delitos que mencionó la semana pasada (ver aparte).

Elegido hace ocho años para ocupar el cargo de juez entre decenas de candidatos por el entonces presidente Néstor Kirchner, Rafecas quedó en la mira del Gobierno luego del allanamiento que dispuso el miércoles pasado en un departamento propiedad de Boudou, a pedido del fiscal Carlos Rívolo.

Allí se encontraron indicios que probarían vínculos entre el Vicepresidente y Alejandro Vandenbroele, el director de la misteriosa firma The Old Fund que controla la empresa Ciccone Calcográfica. Boudou había dicho que no lo conocía pero resulta que vandenbroele pagaba servicios de ese departamento, como las expensas y la televisión por cable.

Ciccone se había ido a la quiebra en 2010 pero fue rescatada de ese estado por la aparición de los fondos aportados por The Old Fund y la firma London Supply, que explota, entre otros negocios, el aeropuerto de la ciudad santacruceña de El Calafate. Para el levantamiento de la quiebra fue crucial el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hace dos semanas el Banco Central confirmó que contratará a la ex Ciccone, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a través de la Casa de Moneda para la impresión de billetes a un costo de unos 50 millones de pesos.

Ayer, otro consejero de la Magistratura, Daniel Ostropolsky, en representación de los abogados del interior del país, instó a los consejeros del oficialismo a "proteger la independencia de Rafecas" y no poner "cortapisas" a la investigación llevada adelante en la Justicia contra Boudou.

"Dejen actuar a la Justicia", reclamó Ostropolsky. En similares términos se habían expresado ya el radical Cimadevilla y el abogado porteño Alejandro Fargosi. Este último recordó que el Consejo de la Magistratura debe velar por la "independencia del Poder Judicial".

Ordiales pidió que se investigue si Rafecas "fue imparcial o favoreció a alguna de las partes involucradas". Boudou, sin responder a las pruebas en su contra, había acusado al juez por las filtraciones a la prensa del allanamiento en su casa. Y llegó a decir que en el juzgado a cargo de Rafecas funciona una "agencia de noticias".