Por un lado, se está estudiando algún resquicio legal que permita al Gobierno participar en la gestión de la empresa. Sería una suerte de intervención, pero en una versión adaptada al mercado del petróleo. Del otro lado, está circulando un proyecto de ley que ya contaría con el visto bueno de los ministerios de Economía y de Planificación, por el cual se le permitiría a la ANSES, a través del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, que pueda comprar directamente acciones de la petrolera hasta hacerse de su control. El Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, debería aprobar rápidamente el proyecto, para que luego el Ejecutivo comience una rueda de negociaciones con los principales accionistas privados de YPF, la española Repsol y el grupo Petersen, que controla la familia Eskenazi.

Trascendió anoche que esta iniciativa estuvo siendo trabajada por al menos dos ministros y legisladores durante febrero, y fue presentada a Cristina de Kirchner durante el último fin de semana. La jefa de Estado ya le habría otorgado el visto bueno, y sólo quedaría terminar de darle el contenido legal y jurídico para que el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad pueda realizar la operación. En el borrador del proyecto no figura en ningún momento la intención de aplicar la ley sobre YPF, aunque el objetivo esté fijo en la petrolera. Según la legislación vigente, la ANSES, a cargo de Diego Bossio, debería, una vez aprobada la ley, presentar el plan para avanzar sobre YPF, y llevar la letra de la legislación de lo general a lo particular.

El Fondo actualmente posee activos por más de $ 200.000 millones, pero habría $ 35.000 millones en plazo fijos, fideicomisos y otras inversiones. El grueso está colocado en títulos públicos y acciones de empresas. Sería igualmente la apuesta más grande del oficialismo a través de la ANSES, desde que se estatizaron las AFJP.

Políticamente, el proyecto fue defendido ante la Presidente como una intención de darle al Ejecutivo «capacidad de maniobra» en el caso YPF.

La eventual ley se aplicaría al mismo ritmo que las provincias (por la Constitución nacional reformada en el 94 son las que tienen dominio del petróleo) avanzarían sobre algunos contratos de explotación, comenzando, quizás, por ciertas áreas en la provincia de Chubut. Precisamente, las acciones de YPF se derrumbaron un 24% en cinco semanas por el enfrentamiento con el Gobierno. Pueden caer aún más en la medida en que las amenazas de las provincias vayan acercándose a la realidad.

Según la visión oficial, ante la presión de los gobernadores, los accionistas privados de YPF deberían estar más predispuestos para discutir una operación de recompra de acciones por parte del Gobierno nacional a través del FGS. Dentro del Ministerio de Economía que conduce Hernán Lorenzino se dio luz verde a ello.

De concretarse la operación, el Gobierno finalmente habrá cumplido con su viejo anhelo de controlar YPF, algo que se le envidiaba a Lula (ahora Dilma) con Petrobras y a Hugo Chávez con PDVSA.