El Tribunal de Enjuiciamiento definirá el jueves si se corre traslado a la denuncia que hizo la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) contra el Fiscal de Estado. El PJ no tiene una directiva política para salvarlo. Los radicales y los demócratas analizan si avanzan en las causas por las que se los acusa. La cita es el jueves a las 9.30.
El PJ tiene cuatro legisladores en el Tribunal de Enjuiciamiento. Ellos son Fernando Simón (senador), Andrés Da Rold (senador), Luis Francisco (diputado) y Carlos Bianchinelli (diputado). Este último fue quien el pasado 24 de mayo de 2012 pidió postergar el debate por 15 días alegando que no tenía tiempo para leer un expediente de 200 fojas.
Por unanimidad se decidió que la discusión continúe este 7 de junio y allí los 7 diputados, 7 senadores y los 7 miembros de la Suprema Corte de Justicia deberán decidir si votan por correr traslado a la denuncia de cuatro casos que hay sobre De Rosas o lo salvan. Si ocurre lo primero, el Fiscal de Estado tendrá diez días para presentar por escrito una defensa
Mientras, ese es el escenario en el oficialismo, los radicales y los demócratas analizan por estas horas qué es lo que harán y al parecer la balanza se inclinaría por avanzar en el juicio a De Rosas pero no está todo dicho. Y varios legisladores creen que los que definirán el tema serán los miembros de la Corte.
En el primer encuentro por el Jury a De Rosas solo estuvieron tres integrantes de la Corte: Pedro Llorente, Herman Salvini y Mario Adaro. Alejandro Pérez Hualde estaba de vacaciones y tres supremos se excusaron: Jorge Nanclares, Fernando Romano y Carlos Böhm.
De qué se lo acusa
La legisladora Gutiérrez indicó en su acusación que el Fiscal no ha hecho nada para defender a la provincia en lo que tiene que ver con un Pato Fiscal que le hace perder plata a Mendoza.
Gutiérrez además manifestó en el escrito que, el Fiscal de Estado no ha reclamado ante la justicia por la incorrecta liquidación de las regalías.
Los otros dos temas en los que está implicado De Rosas tiene que ver con los favores que le hizo al grupo Vila Manzano, a Daniel Vila y la firma Dalvian S.A.
El primero se trata de un expediente iniciado por el Instituto de Juegos y Casinos
En él se consigna que un gerente del IPJC planteó en noviembre de 2010 los problemas que tenían de participación en el mercado con la aparición de nuevas salas, la situación competitiva y las medidas para amortiguar el ingreso de nuevos competidores en el mercado del juego.
El expediente indica que De Rosas (foto arriba) tuvo intervención tres veces en el expediente pero no opinó sobre el fondo del asunto.
Es que se hizo una renegociación de contrato que “es una mentira”, según dijo Gutiérrez. Esto porque el Instituto de Juegos y Casinos renegoció un contrato con la empresa Mendoza Central Entretenimiento (que provee tragamonedas y juegos a los casinos) vinculada al grupo Vila Manzano en donde se elevó de 26% al 47% la recaudación.
“No había motivos para renegociar el contrato y lo más probable es que dé perdidas para la provincia”, indicó Gutiérrez.
El otro punto del pedido de jury a De Rosas tiene que ver con la expropiación de terrenos en Divisadero Largo.
Es que la provincia expropió inmuebles en la reserva Divisadero Largo. Por esto a Vila y la firma Dalvian S.A. se le dio una indemnización diez veces superior que a los demás vecinos.
Por ello algunos de los demás propietarios fueron a la Suprema Corte de Justicia que manifestó en la resolución la “diferencia de conducta asumida por la Fiscalía de Estado en las actuaciones y en los expedientes caratulados Provincia de Mendoza c/Vila Daniel y otros por expropiación considera que tal proceder deberá ser objeto de investigación a fin de evaluar la conducta seguida y su eventual repercusión en el erario público”.
Gutiérrez también explica en el pedido del Jury a De Rosas que en el año 2001, Dalvian S.A. estaba en la cartera de deudores del Ente de Fondo Residual de los bancos Mendoza y de Previsión Social y la firma pidió ante Fiscalía de Estado que se le compensara esa deuda.
Dalvian le debía 3.710 millones de dólares al Fondo Residual en el año 96 por garantías hipotecarias y pidió compensar esa deuda con la expropiación de terrenos de Divisadero Largo.
El Fondo Residual dijo en su momento que no se podía compensar la deuda por lo que Dalvian fue ante Joaquín De Rosas que actuaba como fiscal subrogante y éste lo autorizó.
Ahora, nuevas acusaciones recaen sobre De Rosas. La Fiscalía de Delitos Complejos investiga un caso de compra de cámaras de seguridad. La investigación se refiere a la adjudicación de 8.299.246 pesos a la firma Arlink, en una ampliación de cobertura de cámaras de seguridad.
Las dudas se radican en el hecho de que De Rosas, quién se expresó sin objecciones a esta contratación directa y firmó la resolución en 2009, aprobó la contratación por parte de la Provincia de una empresa que, aparentemente, tendría deuda con la Afip de 40 millones de pesos, por ende incontratable por el Estado.
El directorio de Arlink estaba presidido por Daniel Vila y que otros de sus integrantes eran Alfredo Luis Vila Santander y José Luis Manzano. Lo establecido indicaba que la empresa debía presentar información sobre su patrimonio, no anterior a 6 meses desde la fecha. Sin embargo, la firma presentó un informe anterior a un año.
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