A través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que los cinco locales nombrados en la denuncia judicial realizada por Martins fueron fiscalizados en 19 oportunidades durante 2011, con un promedio de cuatro veces cada inmueble.

Sin embargo, la administración porteña no habló de la parte de la denuncia que indica que el supuesto proxeneta habría aportado dinero para la campaña del PRO el año pasado.

El Gobierno de Mauricio Macri detalló que los locales involucrados son "Top Secret" (ubicado en Artigas 1438), "Hot Area" (Juan B. Justo 5302), "Anchorena" (Anchorena 1119), "Oba-Oba" (avenida Rivadavia 3434) y "Brut" (Vicente Lopez 2257), y que se encuentran habilitados bajo los rubros "de café, bar y/o restaurante cantina".

Según los informes de esos controles, en estos lugares -todos propiedad del ex espía de la SIDE Raúl Luis Martins Coggiola-, se labraron actas por infracciones como "ausencia de certificado de fumigación, cables expuestos, faltas de higiene en baños, entre otras".

Asimismo, deslindó su responsabilidad en el cierre de estos locales ante alguna irregularidad, ya que aclaró que la clausura definitiva "no es competencia del AGC, sino de la Justicia".

Mientras tanto, Lorena Martins pidió formalmente que el juez federal Norberto Oyarbide se excuse del caso por proxenetismo contra su padre por ser "viejos amigos".

En la víspera, a través de las declaraciones de la mujer, la ONG La Alameda denunció que Raúl Luis Martins Coggiola "financió la campaña de Mauricio Macri" en 2011 para su reelección como jefe de Gobierno porteño.

La presentación formal fue realizada ante la Justicia y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE) por la hija del supuesto proxeneta, quien denunció a su padre por manejar una red de trata y prostitución y a Macri por presuntamente recibir dinero de ese negocio para su campaña política.

La mujer, de 35 años, contó detalles del supuesto pago a la campaña del PRO al declarar ante el fiscal Marcelo Colombo. La causa recayó en el juzgado federal del magistrado Norberto Oyarbide, a quien La Alameda denunció por ser "íntimo de Raúl Martins en los negocios de proxenetismo y trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires".