Estos artículos facultarían al Ejecutivo, entre otras cosas, a revisar y rescindir con respaldo legal contratos de servicios públicos con privados e instituciones intermedias sin la necesidad de esperar a su vencimiento. Si bien el mensaje es para todos los prestadores, el gobernador, Francisco Pérez, apunta a un sector en particular: los empresarios del transporte público.

Esto es porque, si los legisladores autorizan al Ejecutivo a adherir a tales artículos, el mandatario tendrá la facultad de revisar el sistema y dar por terminado el vínculo si el resultado del análisis es desfavorable para la Provincia.

Así, lo especificó Costa, quien criticó la concesión que firmó Julio Cobos hasta el 2015 porque, según dijo, "ha contribuido al desfinanciamiento de las arcas provinciales".

El mencionado artículo 8 de la ley nacional establece: "Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio", mientras que el artículo 9 garantiza: "Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ley".

Así, ambos artículos estipulan por un lado la imposibilidad de indexar (algo que ocurre en el pago por kilómetro recorrido a las empresas de micros) y, por otro, la apertura de la renegociación de contratos.

El sistema de transporte de Mendoza es uno de los pocos, junto con el de Salta, que dependen taxativamente del Estado, el cual les tiene que pagar a las empresas por kilómetro recorrido y no por pasajeros.

El dinero con que se les paga a los empresarios proviene de la recaudación por los boletos vendidos (que es casi inelástica por el precio cuasi congelado del boleto) y el Fondo Compensador, que con subsidios cubre la diferencia entre lo recaudado y el dinero destinado a pagar los kilómetros recorridos por cada compañía.

Esa modalidad fue creada por el ex gobernador Cobos luego de la crisis que complicó a la mayoría de las empresas prestadoras del servicio y se extendió, por convenio, hasta 2015.

Celso Jaque crítico el sistema desde que fue elegido, y junto con el malargüino se manifestaron sus ex funcionarios y actuales gobernador y ministro de Hacienda, Francisco Pérez y Marcelo Costa (quien durante los primeros años de la gestión de Jaque se desempeñó como titular de Servicios Públicos).

Costa recordó que junto a Pérez intentaron todos los artilugios legales para rescindir el contrato con los empresarios del transporte y hasta tuvieron fuertes encontronazos con el titular de Autam, Sergio Pensalfine.

Aunque en la gestión anterior todos los intentos fallaron, Pérez y Costa tienen una segunda posibilidad de reestructurar el sistema si es que los diputados y los senadores avalan su plan. Así lo dejó en claro Costa, quien aseguró: "Adherir a estos artículos de la ley nacional de Emergencia nos permitirá revisar y rescindir los contratos con los privados, como por ejemplo el del transporte".

El artículo 10 garantiza la operatividad de los servicios, al establecer: "...en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones".

El círculo íntimo del Gobernador habla de un "sistema perverso" para referirse a la modalidad de operatividad que firmó Cobos con los empresarios del transporte. Esto es porque cada vez que el ministro de Infraestructura presenta el Presupuesto anual, los legisladores se alarman por la cifra prevista para subsidiar el sistema al año siguiente.

Para graficar la evolución de este concepto presupuestario, en el primer año del contrato (2006) el fondo fue de 17 millones de pesos mientras que para 2012 se han proyectado 230 millones de pesos, aunque no hay garantía de que alcancen.

"Haremos todos los esfuerzos para llegar sin aumentar la tarifa", explicó Costa, a contramano de lo anunciado por Pérez al día siguiente de ganar la gobernación, cuando anunció que pensaba en una suba del boleto.

El punto en que el ya puso la lupa la oposición es en el artículo 8, el cual impide todo tipo de indexación y abre lugar al congelamiento de tarifas.