Dos de los jugadores de la actividad petrolera local, Ketsal (del grupo Vila-Manzano) y Oil (del empresario K Cristóbal López) deben al Estado poco más de 156 millones de dólares por no hacer las inversiones que habían prometido en el área San Pedro del Atuel (ubicada entre la formación neuquina y la formación de Cacheuta), que fue licitada en el año 2007 y adjudicada por Celso Jaque a Ketsal-Oil, que se conformó como una UTE para explorarla.

El tiempo pasó y al parecer los análisis de rentabilidad que hicieron los empresarios amigos y socios del kirchnerismo estaban errados y decidieron que la inversión en el área no era conveniente. Así, se incumplió con lo pactado. El área retornó a manos del Estado y recién hoy el Gobierno apura el resarcimiento por los daños ocasionados al no hacerla producir.

Pero el castigo por tal decisión será parcial: Vila será “perdonado” mientras que Cristóbal López será multado con la ejecución de garantía, en este caso, correspondiente al 1 por ciento del total de la inversión (70 millones de dólares), lo que implica el pago de una multa de 700 mil dólares. Los incumplimientos de López serían materia corriente. Hace algunos días, el gobierno de Santa Cruz, conducido por Daniel Peralta, le reclamó a Oil 2,5 millones de dólares por incumplir con los trabajos en dos áreas de explotación que esa provincia le entregó hace tres años.

Ahora bien, ¿por qué se perdona a Vila? El argumento oficial es que el empresario presentó una contrapropuesta: en lugar de que le ejecuten la garantía (863 mil dólares), propuso reinvertir en el bloque en desarrollo La Paloma ubicado en Malargüe.

Este bloque pertenecía hasta el 2007 al grupo Grecoil, cuyos propietarios eran Francisco Greco y Víctor Guillén. Sin embargo, el grupo fue vendido a la empresa Andes Energía de José Luis Manzano (10%), Edgardo Ferreyro (80%) y a Alfredo Fares Morcos (10%).

De ahí que Vila propuso reinvertir o hacer un canje de unidades de trabajo en esa zona donde su principal socio tiene acciones. ¿Cuál es el plan que ya recibió el aval técnico del Gobierno?: que los 863 mil dólares de multa sean reinvertidos (en lugar de cobrados), junto a 350 mil dólares más, en el bloque La Paloma.

“Es un muy buen mensaje para el sector y es muy conveniente para la Provincia, ya que es un bloque clave para el desarrollo del petróleo no convencional”, explicó el subsecretario de Hidrocarburos, Gustavo Collado.

Mientras que el plan de Vila tuvo éxito, el de López no corrió la misma suerte. El empresario chubutense amigo de Néstor y Cristina Kirchner no sólo participa en el mercado petrolero sino que también tiene casinos, una constructora, concesionarias de autos, medios de comunicación y hasta un proyecto olivícola. El hombre también incumplió con las inversiones y tenía las mismas alternativas que Vila: reinvertir o pagar la multa. Lo que hizo fue presentar una solución geotérmica que, según explicó Collado, “no genera mano de obra ni es un tratamiento que le convenga a la Provincia”.

Como la oferta de López no convenció, “ya se le está ejecutando la garantía, que es de 700 mil dólares”, aseguraron desde la Subsecretaría de Hidrocarburos. Los expedientes, de todos modos, están en Fiscalía de Estado y en el cuarto piso de Casa de Gobierno, donde ya están al tanto de la situación.

Pasamanos

Este incumplimiento data de 2008 y los manejos de los empresarios del sector han sido obscenos, puesto que se traspasaron áreas adjudicadas por el Estado como si se tratara de la adquisición y la venta de mercancía. Es que pese a que recién hoy la ya disuelta UTE Ketsal-Oil está siendo intimada por el Gobierno, los desmanes en el sector (con estos mismos empresarios de protagonistas) han sido reiterados, sobre todo con la segunda ronda de áreas licitadas en 2007 por Julio Cobos y adjudicadas con bombos y platillos por Celso Jaque a principios de 2008, en los primeros meses de su gestión.

En aquella oportunidad, el grupo Vila Manzano -al frente de la UTE Ketsal-Kilwer- se quedó con siete de las doce áreas petroleras adjudicadas. Pero, sin hacer mucho (por no decir nada) en las áreas concesionadas, el grupo se desprendió de la mayoría accionaria de todas las áreas en 2011, cediéndoselas a YPF y -en un menor porcentaje- al empresario sureño Omar Álvarez, también dueño de medios de comunicación y otro favorecido con la pauta oficial que asigna el kirchnerismo.

Tiempo después, en mayo de este año, YPF pasó a manos del Estado. Ahora, el Gobierno está próximo a adjudicar la tercera ronda de áreas petroleras (en su mayoría de tipo no convencional) y pese a los incumplimientos, muchos de estos actores están en las listas de posibles adjudicatarios. Esto es porque durante la apertura de sobres, en agosto de este año, se supo que Andes Energía de Vila-Manzano, pese a sus incumplimientos anteriores, se presentó para la concesión de tres áreas asociada a YPF, que tendrá el 90 por ciento de la participación.

En los pliegos también figuró Energía Mendocina de Omar Álvarez, que también se presentó asociada a YPF para ir por cuatro de doce áreas licitadas.

Pese a que las sospechas continúan, Gustavo Collado es optimista: “Hemos trabajado para transparentar los procesos licitatorios. Hemos implementado un sistema muy completo de calificación y esta tercera ronda es inobjetable”. Además, el funcionario aclaró: “Realizamos controles cuatrimestrales en las áreas concesionadas y en la información que hace a las inversiones”.