El ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay admitió esta semana que, por la imposibilidad de pagar en fecha por los tiempos de la Corte de Apelaciones, que convocó a audiencia un día antes del día de pago, el país no podrá efectuar el pago a los cuatro holdouts principales el 14 de abril. Ese día era el acordado por las dos partes para concretar el pago. Si bien no funcionaba como “deadline”, esa fecha sí tiene dos efectos sobre el contrato con los cuatro grandes buitres (NML, Aurelius, Blue Angel y Bracebridge). Primero, a partir de ese momento, los holdouts firmantes tendrán el derecho a “renunciar” al acuerdo. Y segundo, los intereses que actualizan al reclamo se incrementan notablemente.

De acuerdo al principio de acuerdo firmado a fines de febrero, desde el 1 de marzo hasta el 14 de abril el reclamo total (5.891 millones de dólares) actualiza a una tasa del 2% anual, es decir unos 322.795 dólares diarios. Por lo tanto, en ese tramo el monto a pagarle a los buitres sumará otros 14.202.980 millones. El total a pagar alcanzará los 4.667 millones. La quita real para ese grupo de buitres será, al 14 de abril, del 20,7%.

Los intereses que comenzarán a correr desde el 14 de abril, según el principio de acuerdo, serán los “intereses estatutarios” correspondientes al estado de Nueva York (también son conocidos como intereses pre sentencia) y que representa un 9% anual. Por lo tanto el monto final a pagar se incrementará mucho más rápidamente. El precio diario del retraso en el pago a los buitres será de 1,45 millones, unos 10 millones por semana. En un escenario hipotético de que el Gobierno esté en condiciones de pagar dos semanas después del 14 de abril (luego de que la Corte de Apelaciones respalde la orden del juez Griesa de levantar las medidas cautelares y que el Gobierno pueda concretar la emisión de bonos para recaudar los fondos para pagar), los 20,3 millones de dólares más harán que el acuerdo con los buitres cueste entonces 4.687 millones, achicando la quita al 20,4%. Estas cifras serían mayores cuanto más se retrase el pago.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Gobierno nacional en el juzgado de Thomas Griesa, las ganancias que los fondos conseguirán tras la firma de este acuerdo ascenderán, para el caso de NML a 392%, ya que el valor de su reclamo era de u$s 617 millones y el fondo de Singer recibirá 2.422 millones como compensación. Aurelius cobrará u$s759 millones, una ganancia de 254% ya que su reclamo tenía un valor de u$s299 millones. El fondo Bracebridge, en tanto, tendrá un retorno de 952% y cobrará u$s1.146 millones, de un juicio monetario original de u$s 120 millones.

Estos montos sólo reflejan el retorno sobre el valor nominal de esos títulos, como estos fondos adquirieron los bonos post default por un precio mucho menor al valor libro, la ganancia real será mucho mayor. El economista argentino de la Universidad de Columbia, Martín Guzmán publicó en el diario The New York Times que la ganancia real del fondo de Paul Singer será de 1.180%, ya que sólo pagó 177 millones de dólares y consiguó, 15 años después, un acuerdo de pago por 2.280 millones.

El otro paso que necesita Argentina para concretar el pago a los holdouts será conseguir un aval del tribunal de segunda instancia, que escuchará en audiencia el 13 de abril a un numeroso grupo de bonistas más la defensa argentina. Los fondos buitres exigen que ese tribunal, en el mejor de los casos, rechace la decisión de Griesa de levantar las medidas cautelares y, como mínimo, que instruya al juez a que aclare que si renuncian al acuerdo con el Gobierno, no perderán la cobertura de las medidas cautelares.