ayer los delegados ambos organismos se pronunciaron al respecto, asegurando que hace tiempo se vienen realizando reuniones con autoridades del Gobierno por este tema, donde los delegados se encargaron de detallar la situación de cada contratado. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por Esteban Oviedo, delegado de Agua y Ambiente, “no hubo ninguna respuesta, hablamos por el tema de los contratos, por la gente que tenía problemas con antecedentes y hasta la fecha nadie nos dio una solución”, comentó. En ese sentido, agregó además que “todos los compañeros se están movilizando para limpiar su expediente, es gente que necesita trabajar, que sabe trabajar y en su mayoría cuenta con una antigüedad de cinco o seis años. En ese contexto, los contratados convocaron a una asamblea, allí se intentó transmitir tranquilidad a los trabajadores al asegurarles que desde el ministerio de Obras Públicas se cedió un plazo para que regularicen su situación en los casos en que las causas están prescriptas. “Creemos que hay predisposición, no es factible que el Gobierno los deje sin trabajo”, indicó uno de los delegados. Por otra parte, agregó que se realizarán asambleas en los lugares de trabajo para informar a los trabajadores de las instancias de las negociaciones con las autoridades Obras Públicas.

Explicación policial

Desde la División Antecedentes de la Policía de la provincia, se informó que este tipo de situaciones siempre están latentes, ya que la gente desconoce que tiene que hacer un seguimiento de su causa en el caso de que haya incurrido en algún delito, aunque éste sea menor. En ese sentido, se explicó que el trámite lleva su tiempo y debe hacerse de forma personal, ya que es la misma persona la que tiene que dirigirse a fiscalía para averiguar sobre la situación de su causa, y en el caso de que se permita, gestionar un sobreseimiento.

Asimismo se comunicó que hay muchos casos de personas que cumplieron con su condena, pero el Código Penal establece que quedan registrados sus antecedentes durante 10 años. Sin embargo, desde el organismo opinaron que es una medida que se adopta para que la patronal tenga un registro de sus empleados, pero no puede ser usado como parámetro para negar la fuente laboral a un trabajador.